Este trabajo trata de aplicar el modelo teórico de la relación entre la división etnoracial y el Estado penal en los Estados Unidos al fenómeno del extraordinario incremento de la encarcelación de los inmigrantes postcoloniales en la Unión Europea durante las dos últimas décadas en la era del neoliberalismo triunfante. La construcción de la “Europa fortaleza” en la era de la flexibilización del trabajo y de la inseguridad social generalizada, ha acelerado un doble movimiento que condena al ostracismo (...) a los inmigrantes. El primero actúa a través del traslado externo, mediante la expulsión, de los inmigrantes irregulares. El segundo opera a través de su extirpación interna mediante el incremento de su encarcelación. Estos dos procesos se dirigen directamente contra las poblaciones que expresan el “exterior”, tanto desde punto de vista social como simbólico, de la emergente Europa postnacional, a saber, los inmigrantes postcoloniales y sus descendientes más inmediatos. (shrink)

Estudio sobre el Derecho Penal agrupandolos en tres apartados, uno general, otro destinado a la función de la pena y un tercero dedicado a aspectos centrales de la teoría del delito.

RESUMEN: La agresión terrorista ha supuesto, a nivel nacional y internacional, el problema de la creación de un sistema penal de reacción a tal fenómeno. Sin embargo, la necesidad de una contestación urgente ha tenido como consecuencia una incertidumbre general que lleva en sí misma el riesgo de la negación del Estado de derecho para adoptar la lógica del derecho penal del enemigo. Este escrito -a través el análisis de la teoría de Gunther Jakobs, teórico del derecho (...) penal del enemigo- describe las repercusiones, parafraseando a Ferrajoli, de una falta de “asimetría entre Estados de derecho y violencia extra legal”. ABSTRACT: The fear of terrorism has created, at national and international level, a criminal law system to react to this phenomenon. The need for a rapid answer to the problem has led to legal uncertainty that carries with it the risk of the negation of the legal state to adopt the logic of the enemy's criminal law. This writing, through the analysis of the theory by Gunther Jakobs, theorist of the enemy's criminal law, describes which are the negative repercussions of a lack of "asymmetry between legal state and extra legal violence” mentioning Luigi Ferrajoli. PALABRAS CLAVE: ciudadano,enemigo,pena,derecho penal,Estado de derecho. KEYWORDS: Citizen, enemy, punishment, criminal law, legal state. (shrink)

La Doctrina penal contemporánea recurre al principio de ultima ratio para satisfacer la tarea principal de reducir al máximo la arbitrariedad del Derecho penal, pues a través de su significado, la legitimidad del delito y de la pena se somete a la condición de la inexistencia axiológica y empírica de otros recursos jurídicos menos drásticos para solventar idóneamente el conflicto que genera su apertura. No obstante, la deriva punitivista en que ha degenerado la necesaria expansión del Derecho (...) class='Hi'>penal en la sociedad del riesgo, pone en duda su verdadera capacidad limitadora, especialmente por su escasa vinculación a los poderes públicos. Pero nada más lejos de la realidad, el desarrollo actual de la Dogmática de los Derechos Fundamentales permite a la Doctrina penal afirmar que, en el Estado constitucional, el Derecho penal mínimo es a su vez el Derecho penal máximo permitido por la Constitución. (shrink)

Rubens Casara possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e doutorado em direito pela UNESA/RJ. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: processo penal, hermenêutica, poder judiciário e sociedade brasileira. É também juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fundador do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia, membro da Associação Juízes para a (...) Democracia e do Corpo Freudiano. (shrink)

Una característica esencial de los nuevos modelos de política criminal es la sustitución del principio de culpabilidad por el de peligrosidad potencial del autor. Esta vieja concepción del Derecho Penal autoritario exige elevar la seguridad del Estado a la categoría de bien jurídico-penal autónomo. Una de las secuelas de encumbrar el concepto de seguridad al rango de bien jurídico es que la peligrosidad pasa a ocupar el papel de fundamento de la represión. Puede afirmarse que en este (...) “nuevo” Derecho penal el sujeto aparece como emanación de peligro, como un riesgo para la seguridad del Estado. Hablamos entonces de un singular Derecho penal de excepción cuyo fin es combatir peligros, esencialmente, a través de las medidas de seguridad; un Derecho en el que no se estima tanto la acción como el riesgo potencial para la seguridad y en el que se restringen determinados derechos fundamentales por su supuesta traba a la razón de Estado. Precisamente, es esta nueva concepción de la peligrosidad, fruto del retorno al Derecho penal de autor, la que motiva la creación de espacios donde el Derecho se ausenta, donde la tortura y la ausencia de garantías es lo habitual. El modelo penal de EEUU frente a sus “enemigos” y la colaboración de los gobiernos europeos en las detenciones ilegales y torturas practicadas por funcionarios de EEUU es el mejor ejemplo de lo expuesto. (shrink)

En este segundo documento nos ocupamos del aborto realizado por motivos terapéuticos o, dicho más brevemente, del aborto terapéutico. En la Argentina, el aborto plantea serios desafíos para la salud pública, ya que, pese a estar prohibido, se practica de forma clandestina y, muchas veces, insegura, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Por esta razón, creemos que la sociedad y el Estado deben debatir este problema y encontrar soluciones que resguarden los derechos de las (...) mujeres. El artículo 86, inciso 1, del Código Penal argentino expresamente despenaliza el aborto cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. En estos casos, se habla de aborto terapéutico. Esta disposición legal no suele aplicarse ni por los médicos ni por los profesionales que trabajan en la justicia, ya sea por desconocimiento o por razones ideológicas. Más aún, en muchos casos, las interpretaciones del Código Penal se apartan de su letra y restringen arbitrariamente su aplicación. Por estas razones, nos parece importante analizar este problema y proveer información sobre los aspectos legales y éticos involucrados en el aborto terapéutico en la Argentina. Este documento comienza con el relato de un caso hipotético, elaborado a partir de experiencias reales, con el objetivo de acercar al público a una situación concreta. Intercaladas en el cuerpo del relato, se desarrollan algunas reflexiones acerca de las implicaciones médicas, éticas y legales del caso. A continuación, se presenta un apartado referido al marco legal en el que se deben encuadrar los casos de aborto no punible. El documento sigue con una serie de breves recomendaciones destinadas tanto a los profesionales que trabajan en el sistema judicial como a los profesionales de la salud. Por último, se incluye un apéndice que contiene los principios que rigen la interpretación en materia penal y el glosario médico y legal, donde se pueden buscar las palabras resaltadas a lo largo del documento. (shrink)

La tendencia contemporánea que aspira a la superación de conflictos sociales pone de relieve la crueldad del Derecho penal. Pero más allá de la pretensión de legitimar las sanciones con teorías que indican sus finalidades, los penalistas intentan definir prácticas de perdón, creando hipótesis dentro de las cuales el Estado puede dejar de castigar.

Para Hobbes, a representação desempenha um papel decisivo na estruturação do mundo jurídico em que cosiste o Estado. É nisso precisamente que Rousseau o contesta ao dizer que a Sobrerania não pode ser representada. Ao fazer da Soberania uma instância de representação, e, em especial, na maneira de pensar a partir daí o Direito Penal, Hobbes oferece um esquema conceitual promissor para pensar um dos maiores desafios das democracias contemporêneas: como tornar o Direito uma ferramenta de inclusão, já (...) que ele é, ao mesmo tempo, uma ferramente de exclusão? Palavras-chave: Hobbes. Rousseau. Representação. Estado. Democracia. (shrink)

This article aims to consider the issue of criminal responsibility from the Reformed Protestant perspective. Considering the role of social spheres and its origin, the author proposes that the spheres of family, school and Church are independent of the State, and therefore is not part of the State to act as an educator of the people, but its role, according to Scripture, is punitive. The author also deals with aspects of redemptive dilemma, as the major ideological movement in Brazilian society (...) and understands that what is to redeem the evils of society is education - another misconception according to the Reformed view, since it teaches that the redemption of society and its evils is not in an educational system but in a person - Christ. Finally the author deals with the State's responsibilities as a punitive agent and minister of God in the punishment task and restraint the social evil which is the result not of a corrupt system, but the depravity of the human heart. (shrink)

El autor parte del reconocimiento del miedo como elemento constante en la historia del hombre, para ilustrar los mecanismos que para su reducción ha creado el ser humano. Entre ellos, el sistema político —y en particular el Estado moderno— se ha mostrado como el instrumento más eficaz en la reducción del miedo y de garantía de la seguridad. En este sentido, el Estado social ha significado el nivel más alto alcanzado en Occidente por un sistema político en el (...) intento de regular y reducir el miedo, al reducir los riesgos para el ser humano provenientes del funcionamiento de la economía de mercado. Sin embargo, el artículo muestra como la crisis del Estado social en el contexto de la globalización ha provocado, entre otras cosas, un drástico paso desde una concepción de la seguridad entendida como reconocimiento de la identidad de las personas y de su participación en la vida social, a una concepción de la seguridad entendida simplemente como defensa de los individuos de los posibles actos de agresión y como represión y castigo severo de los comportamientos desviados, es decir, el paso del Estado social al Estado penal. Finalmente, el autor defiende la necesidad, especialmente para el pensamiento de la izquierda, de recuperar el sentido positivo tanto de la seguridad como de la libertad, asumiendo que la seguridad y la libertad no pueden sobrevivir fuera de estructuras políticas que no se sostengan al mismo tiempo tanto en la autonomía individual como en la solidaridad social. (shrink)

Se exploran materias inscribibles en el área de "Literatura y Derecho". En concreto, el estudio de determinadas formas poéticas populares presentes en el folclore andaluz del flamenco, como son las tonás de carceleras y coplas de presos, y varios aspectos de la preocupación y el interés propios de las doctrinas reformistas y de la Escuela positivista del Derecho penal en la España del s. XIX, de suyo relacionados con la política criminal, la imagen del sistema penitenciario y la justicia (...) penal. Conecta así temas de etnología jurídica y filosofía jurídico penal. Utiliza el material recopilado por algunos krausistas que, influidos por doctrinas evolucionistas y por el darwinismo y positivismo folklorista (krausopositivismo), el autor cataloga en particular como "krausofolcloristas", quienes asimismo se mostraron sensibles a la crisis y necesaria modernización del aparato sancionador punitivo del Estado. La investigación concluye reflexionando acerca de problemas relacionados con la identidad y etnicidad sociopolítica y cultural de los grupos excluidos y marginales. (shrink)

El trabajo del autor analiza el pensamiento penal del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, de cómo las normas penales poseen un sustento moral, y cómo la pena es una de las formas de grabar con fuego los deberes que impone la moral. Además, Nietzsche arroja sus sospechas sobre el contrato social como forma de constituir la sociedad y cuestiona las bases de la relación Estado-delincuente bajo el pacto social. Sin embargo, fuera de negar la idea de dicho pacto como (...) creador del Estado, considera propositivamente, una forma de Estado y un derecho penal diverso. Esto representa, a juicio del autor, un momento dialéctico positivo. Señala el autor en adición, cómo el pensamiento nietzscheano es propicio en la reflexión latinoamericana; en primer lugar, por fijar el contenido de lo europeo con mayor precisión, para que el pensamiento latinoamericano sepa de qué habrá de diferenciarse con aquel; en segundo lugar, por la aplicación de la genealogía de la penalidad a la historia nuestras propias instituciones. (shrink)

El debate entorno al uso del poder coercitivo del Estado, parece no encontrar fin o perder importancia en la filosofía política. Resulta difícil hablar sobre la justificación del castigo si asumimos que consiste en la intención de causar sufrimiento como consecuencia de algo que estuvo mal hecho (ver, por ejemplo, Hart 1968), o si al menos aceptamos que el daño es un elemento esencial del castigo (Bedau 1991)2. Es por tal motivo que resulta relevante preguntarnos sobre la justificación del (...) castigo y las posibles respuestas que nos brinda la filosofía política. En las últimas décadas se incorporó al debate la perspectiva del populismo punitivo3 como concepto que denota las medidas represivas alimentadas por la demagogia de la inseguridad y el miedo. El miedo al otro ha sido siempre un recurso del poder político: puede producirlo él mismo, como en los regímenes abiertamente autoritarios, o servirse de él, secundándolo o alimentándolo con objeto de obtener consenso y legitimación. (shrink)

Retomando el tan explorado debate entre elitismo y populismo penal, este libro adopta una perspectiva republicana para argumentar a favor de un mayor grado de participación popular en la determinación de las penas. En el plano de la teoría no-ideal, se argumenta que fenómenos como las dinámicas de indignación y los linchamientos, contrariamente a lo que se sugiere, cuentan a favor de la democratización de los sistemas penales. En este sentido, el libro disputa el enfoque de quienes sostienen que (...) las preferencias punitivas arbitrarias de los ciudadanos deberían favorecer mecanismos que aíslen la política criminal de la influencia popular. Por el contrario, se argumenta que tanto el elitismo como el populismo penal operan como fuentes de diferentes tipos de dominación y, por lo tanto, deben evitarse en un estado republicano. Adicionalmente, el libro se propone responder a la necesidad de revisar los presupuestos teóricos del pensamiento crítico sobre los sistemas penales señalada por Carlos Santiago en su debate con Eugenio Raúl Zaffaroni. En consecuencia, la pregunta sobre cuál debe ser el grado de participación popular en los sistemas penales es abordada en el marco de la teoría política republicana. De este modo les lectores cuentan con la ventaja de poder cuestionar los presupuestos normativos de fondo, la propia teoría republicana y la centralidad del valor de la libertad como no-dominación, o el modo en que son empleados para defender una propuesta de democratización. (shrink)

In this short essay the author deals with the fundamental question of whether the Inference to the Best Explanation (IBE) model has sufficient grounds to be considered as a substitute of the current criminal standard of proof (proof Beyond All Reasonable Doubt). After giving an overview of the IBE model as proposed in more general fields such as epistemology and the philosophy of science, and after concluding that the IBE has failed as a model of the acceptance and rejection of (...) scientific theories, the author analysis its plausibility when applied as a decision rule for inferring if the accused is guilty or not.Resumen:En este artículo, el autor aborda la cuestión fundamental de si el modelo de la Inferencia a la Mejor Explicación (IME) es adecuado o no para fungir como sustituto del Estándar de Prueba (E de P) actual que rige en materia penal en los Estados Unidos de América (prueba más allá de toda duda razonable). Luego de una breve exposición del esquema general de la IME propuesto en los terrenos de la epistemología y la filosofía de la ciencia, y luego de concluir que se trata de un modelo deficiente para explicar la actividad consistente en la aceptación y rechazo de teorías científicas, el autor procede al análisis específico de su aplicación en el campo de la decisión (de un juez o jurado) relativa a la culpabilidad o inocencia del penalmente inculpado. (shrink)

El debate entorno al uso del poder coercitivo del Estado, parece no encontrar fin o perder importancia en la filosofía política. Resulta difícil hablar sobre la justificación del castigo si asumimos que consiste en la intención de causar sufrimiento como consecuencia de algo que estuvo mal hecho (ver, por ejemplo, Hart 1968), o si al menos aceptamos que el daño es un elemento esencial del castigo (Bedau 1991)2. Es por tal motivo que resulta relevante preguntarnos sobre la justificación del (...) castigo y las posibles respuestas que nos brinda la filosofía política. (shrink)

La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis del procedimiento abreviado contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), partiendo del criterio de que ciertos aspectos de este procedimiento vulneran derechos fundamentales del investigado. Se destaca particularmente el requisito para el procesado de admitir los hechos que se le imputan para acceder a este procedimiento, lo cual, según la opinión mayoritaria de doctrinarios, compromete el principio de no autoincriminación, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio (...) con todas sus fases. El objetivo de esta investigación fue analizar el procedimiento abreviado establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el propósito de identificar posibles vulneraciones de derechos fundamentales del investigado. Se buscó específicamente evaluar cómo el requisito de admitir los hechos imputados para acceder a este procedimiento podría afectar principios como el de no autoincriminación y la presunción de inocencia. A través de un enfoque cualitativo y utilizando diferentes métodos de análisis, se procuró determinar si el procedimiento abreviado, tal como está configurado, garantiza un debido proceso conforme a los estándares de derechos humanos y constitucionales. La metodología aplicada se sustentó en un enfoque cualitativo, utilizando los métodos inductivo, analítico, sintético y exegético. Se llevó a cabo un análisis documental de la bibliografía relacionada con el tema investigado, así como de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Constitución de la República de Ecuador, el COIP y jurisprudencia vinculada a la materia. Los resultados de la investigación determinaron que el procedimiento abreviado tal como se encuentra regulado en el COIP beneficia al Estado y al sistema de justicia al agilizar ciertos procesos legales. Sin embargo, se evidenció que este procedimiento puede vulnerar derechos esenciales del procesado, como el principio de no autoincriminación y la presunción de inocencia. Por lo tanto, se concluye que el procedimiento abreviado afecta el debido proceso al comprometer garantías fundamentales. La investigación señala que el procedimiento abreviado regulado en el COIP, si bien puede ser beneficioso para la eficiencia del sistema de justicia, también conlleva riesgos significativos de vulnerar derechos fundamentales del procesado. Por lo tanto, se destaca la necesidad de revisar y modificar este procedimiento para garantizar el respeto absoluto al debido proceso y a las garantías individuales del investigado. (shrink)

No es común el tratamiento de los temas de derecho penal internacional en los manuales tradicionales de derecho penal, como tampoco en los referidos al derecho internacional público. Habitualmente se considera que el individuo no es sujeto de derecho internacional público, y por lo tanto sus actos quedan sometidos al derecho penal de cada Estado. “Sin embargo, sin duda existen bienes jurídicos e intereses que trascienden los límites (penales) nacionales” (Ambos, 200:26). Así, no se puede desconocer (...) que la protección de los Derechos Humanos es un punto de conexión. La incorporación al ordenamiento jurídico interno, por ley 26.200, del Estatuto de Roma (aprobado previamente por ley 25.390) por el cual se regulan las relaciones de cooperación entre el Estado Argentino y la Corte Penal Internacional, produjo consecuencias que afectan a todo el ordenamiento jurídico penal nacional. (shrink)

Este trabajo se inserta en un proyecto mayor consistente en la evaluación moral de las políticas de seguridad a la luz del ideal político republicano de libertad como no dominación. Los razonamientos en torno al poder punitivo desde la Ilustración hasta nuestros días han tomado mayoritariamente como punto de partida la concepción de libertad hobbesiana. Según esta concepción un individuo es libre sí y sólo sí no padece interferencias provocadas por otros individuos. La interferencia es entendida aquí como una intervención (...) más o menos intencional. El Estado aparece como una institución que causa la libertad y, en particular, el derecho penal es una interferencia tan mala en sí misma como la coerción procedente de otras direcciones, pero justificada en la medida que disminuye el nivel general de coerción.• Si el nivel de interferencia producido por el derecho es menor que el nivel de interferencia privada que el aparato estatal evita que se produzca, entonces los individuos son más libres. La concepción hobbesiana de libertad se presenta así, utilizando la distinción introducida por Isaiah Berlin3 como un tipo de libertad negativa. A diferencia de la concepción clásica de libertad, presente por ejemplo en Aristóteles, no requiere de la existencia de autodominio o control -ya sea personal o político- por parte del individuo. (shrink)

Frente a la incapacidad de cumplir con las funciones delegadas al poder político, la necesidad de conservación del poder y de legitimación genera respuestas simbólicas a demandas ficticias generadas e impulsadas por actores globales o locales llamadas "campañas contra la inseguridad", "campañas contra el terrorismo", etc. En consecuencia los Estados usan las leyes penales como propaganda electoral. Sin embargo como ha señalado Hassemer "quien pone en relación al ordenamiento penal con elementos simbólicos, puede crear la sospecha de que no (...) toma en cuenta al dureza muy real y nada simbólica de las vivencias de quien se ve sometido a persecución penal, detenido, procesado, acusado, condenado, encerrado". (shrink)

O presente artigo se propõe a examinar criticamente o atual e dominante paradigma político, que aqui definiremos como terrorismo legal de Estado. Para tanto, fez-se necessário o recurso a três autores cujas reflexões buscam compreender a sua natureza e os seus principais modos de atuação, a saber, o filósofo italiano Giorgio Agambem, o jurista argentino Raúl Zaffaroni e o sociólogo francês Loic Wacquant. A partir das obras agambenianas Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua I e (...) class='Hi'>Estado de Exceção, elucidaremos o conceito de estado de exceção e o processo que, ao transformá-lo em prática permanente, marcou o ingresso definitivo do Estado na lógica do terrorismo. A materialização deste exercício de poder se dá – sobretudo nas conjunturas do continente americano, a referência empírica da pesquisa aqui apresentada – principalmente por meio da eliminação pelo encarceramento, levada a cabo por um direito penal punitivista que será compreendido à luz das obras O inimigo no direito penal (Zaffaroni) e Crime e castigo nos Estados Unidos: de Nixon a Clinton (Wacquant). (shrink)

Los discursos del odio atacan la dignidad de los integrantes de colectivos históricamente desfavorecidos y fomentan su discriminación y deshumanización, razón por la cual los poderes públicos se han ido dotando de mecanismos para combatirlo. Pero no hay unidad de acción a nivel global, pues su restricción exige revisar los límites a la libertad de expresión. Así, mientras en Estados Unidos los tribunales reconocen la primacía de esta libertad, en Europa se incrementa el recurso a la vía penal. Pero (...) ambos sistemas tienen deficiencias, sobre todo porque no se centran en el resarcimiento del daño causado. De ahí que pueda analizarse una tercera opción, la civil, partiendo de la ya consolidada doctrina sobre daños morales. (shrink)

Los elementos básicos sobre los que se asienta esta contribución son; Por un lado, el reconocimiento de las características básicas de los instrumentos de soft law y la apreciación de su desnaturalización. Y, por otro lado, el análisis del fenómeno expansivo del Derecho penal y su vinculación con la globalización y la sociedad del riesgo. Su análisis conjunto me permitirán determinar la efectiva incidencia del soft law en la expansión del Derecho penal, a la luz de lo sucedido (...) en el caso del autoblanqueo de capitales, que aunado a la tipificación de las conductas de utilizar y poseer, y siendo considerado como delito previo el fraude fiscal genera importantes quiebras en uno de los principios más básicos y elementales del Derecho penal del Estado de Derecho, esto es, el principio non bis in idem. (shrink)

El objetivo de este artículo es describir y analizar el funcionamiento de un programa de política cultural de Estado, la Usina Cultural de la Unidad Penal N° 4 Santiago Vázquez, ex Comcar, a través de las prácticas y representaciones de los funcionarios que trabajan en el espacio físico donde se desarrolla y de las experiencias de algunas personas que han participado. Partiendo de trabajos anteriores que reflexionan acerca de la política en tanto proceso, proponemos comprender los sentidos atribuidos (...) a este programa de política cultural como una mediación o reelaboración de los significados propuestos por las autoridades que lo concibieron, donde se negocian y se producen nuevas significaciones. El diseño metodológico combinó entrevistas en profundidad a técnicos y personas privadas de libertad que concurrieron a la Usina y observación participantes en sus actividades y en la comunidad educativa del Comcar. Concluimos que el contexto de encierro es fundamental para entender las tensiones propias de la cotidianidad laboral y la producción de sentido de los participantes. En las políticas no solo hay ejecutores y beneficiarios sino sujetos con agencia que participan de entornos sociales que los condicionan. Sus apropiaciones del espacio que abre la política, configuradas por y en las características de la vida social en la que se desenvuelven (el encierro, en nuestro caso), son la política encarnada y constituyen un objeto fundamental de investigación para comprender su funcionamiento y posibles contribuciones. (shrink)

En el presente trabajo intento demostrar que existe una relación de necesidad epistémica entre prueba y verdad. Esto quiere decir que no es posible, en el proceso, ni creer justificadamente ni aceptar que está probado que p si, por información pública pero extraprocesal, el juez sabe que p es falso. Con todo, ello es así bajo ciertas condiciones, a saber: en primer lugar, que se trate de un proceso penal legítimo en términos de Estado de derecho; y en (...) segundo lugar, que por verdad se entienda correspondencia entre enunciado y mundo. Esa es la tesis principal y se desarrolla en esta segunda parte de la investigación. Pero tiene apoyo en algunas tesis secundarias, ya analizadas en la primera parte del trabajo, publicada también en este volumen. (shrink)

El autor pretende desentrañar a través de la interpretación jurídica el o los sistemas jurídico penal que los legisladores tomaron en consideración para crear y dar vigencia a los Códigos Penal y de Procedimientos penales vigentes en el Estado Libre y Soberano de México, que fueron tomado como ejemplo, para demostrar que la ley no solo se crea de aspectos abstractos sino también de los criterios que han emitido los juristas en su trabajo.

Para la autora, a fin de dar respuesta a la demanda insatisfecha de seguridad, es preciso escapar del circuito inseguridad-represión-mayor inseguridad-mayor represión, y redefinir la seguridad de manera que desborde la esfera de lo criminal y se identifique con la libertad. Sostiene que las estrategias de gestión de la seguridad urbana deberían ser puentes para el encuentro de intereses ciudadanos enfrentados, a través de una mediación incansable. A lo largo del artículo recorre las principales reflexiones en el tema, tales como (...) la relación entre inseguridad y criminalidad, la relación entre Estado social y Estado penal y el mercado de la seguridad, entre otros. (shrink)

"The Fitchean Project of a Penal Right Independent from Ethics". in this paper I intend to examine the Fitchean Project of building a theory of right independent from ethics, especially in the sphere of penal right. I consider that the ideas of atonement for pure and applied right are different. This difference responds to the psychological and moral presuppositions of each and puts the internal consistency of the theory into checkmate.

Pautas de actuación letrada de los abogados y abogadas de las víctimas de violencia de género. Intervención del letrado o letrada de la víctima en el orden penal, desde el momento previo a la interposición de una denuncia por violencia de género, con solicitud de Orden de Protección, hasta la ejecución de la sentencia condenatoria. Intervención en el orden civil con el inicio de un procedimiento civil ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer solicitando en su caso las (...) medidas paterno-filiales o la separación o el divorcio. Propuestas desde la Abogacía al Pacto de Estado en materia de violencia de género. Reformas legislativas previstas en respuesta al Pacto de Estado. (shrink)

Las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por los tribunales españoles con relación a los implicados en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017 han supuesto una prueba para el instrumento. En este trabajo se analizan las razones por las que en los distintos países que han conocido del caso (Bélgica, Alemania, Reino Unido e Italia) no han sido ejecutadas, mostrando de esta forma en qué errores han incurrido las autoridades de estos países (...) y cómo influyen estos errores en el deterioro de la confianza mutua entre los Estados miembros de la UE. (shrink)

El trabajo persigue tres objetivos relacionados. El primero, de corte netamente hermenéutico, es rastrear y reconstruir las razones principales que habrían impulsado a C. S. Nino a rechazar la idea de reproche en su obra teórica. El segundo, de cariz más bien crítico, busca evaluar la credibilidad de estas razones, contraponiéndolas a otras que se estiman más acertadas desde el punto de vista filosófico y que, según se argüirá, habrían comenzado a formularse en la propia teoría del autor. El tercero (...) apunta a desvincular la idea de reproche de algunas connotaciones innecesarias que se le han asociado, para que pueda ocupar un lugar más cómodo en el seno de una teoría jurídica compatible con las premisas de un Estado liberal de derecho. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

La actual discusión sobre las infracciones juveniles de ley en un marco neoliberal, limita su causa a las decisiones individuales y da preeminencia a la política penal para enfrentarla. Tal perspectiva desvincula en general los delitos de su contexto y específicamente de las consecuencias del sistema socioeconómico neoliberal en la sociedad. Es decir, para el caso de esa mayoría de la población abandonada por el Estado Subsidiario, se ignoran las dinámicas culturales de formación de identidad o de lazos (...) de pertenencia, y la marginación estructural que implica un acceso decreciente a los recursos y oportunidades socioeconómicas. Tal escenario de precariedad general y constante se transforma en una influencia o incentivo material y cultural para acceder por medio del delito a esos recursos y oportunidades. Así, pretender resolver problemas socioeconómicos preferentemente por medios penales es una mirada incompleta, ineficaz e ideologizada. (shrink)

O presente estudo tem como tema o surveillance e a sociedade do controle biopolítico, sendo dada ênfase à conexão com o sistema penal e as tecnologias dispostas nas práticas de segurança. Tem-se como problema de pesquisa como e de que forma operam os “novos” mecanismos de surveillance em prol da segurança no modelo biopolítico do Estado penal? Conclui-se que o modelo de controle atual baseado em riscos e algoritmos emprega o surveillance em uma atuação securitária seletiva, adotando (...) o discurso “científico/tecnológico” como escusa para manutenção discriminatória de uma biopolítica da atuação penal voltada para morte de sujeitos e grupos sociais específicos. Por fim, a metodologia empregada compreende uma abordagem fenomenológico-hermenêutica, um método de procedimento monográfico e técnica de pesquisa por documentação indireta. (shrink)

Este artículo analiza los fundamentos doctrinales del derecho penal eclesiástico calviniano, asentado teóricamente en la teología del pecado original y cuyo ejercicio toma forma en la práctica del Consistorio ginebrino. Asimismo, explora las razones de la diferencia entre derecho penal eclesial y civil. Y es que, aunque en el calvinismo la Iglesia y el Estado son titulares de un ius gladii, sólo uno de estos sistemas penales puede reivindicar el ejercicio de la pena corporal, el otro tan (...) sólo puede reclamar un castigo espiritual: en esto haremos radicar la diferencia entre derecho y disciplina. El derecho de coacción propiamente dicho pertenece en exclusiva al Estado como tal y ni el individuo ni la Iglesia pueden reclamarlos para sí. Estamos ante una aportación fundamental de la Reforma a la historia del derecho. (shrink)

Este artículo analiza los fundamentos doctrinales del derecho penal eclesiástico calviniano, asentado teóricamente en la teología del pecado original y cuyo ejercicio toma forma en la práctica del Consistorio ginebrino. Asimismo, explora las razones de la diferencia entre derecho penal eclesial y civil. Yes que, aunque en el calvinismo la Iglesia y el Estado son titulares de un ius gladii, sólo uno de estos sistemas penales puede reivindicar el ejercicio de la pena corporal, el otro tan sólo (...) puede reclamar un castigo espiritual: en esto haremos radicar la diferencia entre derecho y disciplina. El derecho de coacción propiamente dicho pertenece en exclusiva al Estado como tal y ni el individuo ni la Iglesia pueden reclamarlos para sí. Estamos ante una aportación fundamental de la Reforma a la historia del derecho. (shrink)

En el presente artículo, el autor analiza la adecuada reinserción social del recluso como finalidad de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Con ese propósito, el jurista identifica los diferentes modelos de readaptación social (“readaptación para la moralidad” y “readaptación para la legalidad”), con sus virtudes y críticas. Por último, Arocena examina los condicionamientos que impone un arquetipo de Estado social y democrático de Derecho, a la hora de adherir a uno u otro de esos modelos, (...) y finalmente expone sus razones a favor de un paradigma de readaptación social mínimo. (shrink)

El artículo expone el contexto de la última dictadura militar en la Argentina, y el posterior camino en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en ese período. Se describe cómo se utilizaron las leyes amnistías e indulto en el caso argentino, y se analiza la incompatibilidad de estos mecanismos en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, en virtud de los compromisos y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de suscriptos por los Estados. (...) Además, se estudia el rol de las víctimas y el concepto de reparación, un elemento primordial en este tipo de procesos y en particular en el derecho penal. (shrink)

En este artículo tomamos como punto de partida la Fuga y Masacre de Trelew (agosto de 1972), pero nuestro eje principal será el ciclo de conflictividad docente en la región (1969-1972) en el marco del Plan de Lucha Nacional que condujo el Acuerdo de Nucleamientos Docentes. El nexo entre ambas situaciones es la presencia de Mario Abel Amaya (docente, miembro de la Asociación Gremial de Abogados, dirigente de la UCR y presidente de la recién constituida Asociación de Docentes del Este (...) de Chubut), en el aeropuerto de Trelew al momento en que se producía la fuga de presos políticos del penal U6 de Rawson. Por su mediación en ese momento con las fuerzas represivas para garantizar la rendición pacífica de lxs 19 guerrillerxs fugadxs, fue acusado de complicidad y detenido por la dictadura militar. Esto sucedió hasta que la movilización popular del “Trelewazo” consiguió su libertad tres meses más tarde. Ese es nuestro punto retrospectivo de partida, para analizar la unidad que se fue forjando entre los sectores docentes y el incremento de su combatividad, en el marco del primer acto de terrorismo de estado. Encontramos en la figura de Amaya una trama de relaciones que nos permiten hilvanar analíticamente las luchas políticas y económicas de la región. (shrink)

En este artículo se presenta un análisis filosófico jurídico-penal de la extrema necesidad, a propósito del caso de las siamesas Jodie y Mary. Así, en la primera sección realizaremos una descripción sobre el contenido del estado de necesidad en situaciones de peligro de muerte. En segundo lugar, con la finalidad de ilustrar acerca de las discusiones axiológicas que existen en relación con los criterios de proporcionalidad entre el mal que se pretende evitar y el causado, ofreceremos una solución (...) que nos parece adecuada. En la tercera sección observaremos los presupuestos del caso de las siamesas y alguna de las líneas de argumentación que existen para justificar o exculpar su separación, sosteniendo que existen buenas razones para acoger el doble efecto en estos supuestos. (shrink)

En honor al elemento Estado Social, cuando menos, es que la misma sistemática ha previsto un novísimo juez a partir del acto legislativo número 03 de 2002 y se le ha otorgado la competencia, que no jurisdicción, de controlar ciertos ejercicios de investigación cumplidos por la fiscalía con su binomio policía judicial, algo así como el juez de la constitucionalización de los actos de ese binomio.Por regla general, pues, cuando los actos de indagación y de investigación afecten de alguna (...) manera un derecho fundamental del indiciado o del imputado antes de practicar el acto el fiscal debe solicitar la correspondiente autorización al juez de control de legalidad, caso por ejemplo cuando se precisa inspeccionar el cuerpo de aquél, o una vez cumplido el acto ir dentro de las siguientes treinta y seis horas ante el mismo funcionario con miras a que éste ejerza el control posterior.La regla de exclusión del artículo 23 del nuevo código de procedimiento penal se justifica porque de esa manera se desestimula la práctica de actos de investigación con violación a derechos fundamentales, se preserva la integridad judicial y se impide el beneficio que puede derivar de la prueba ilícita su autor. (shrink)

El artículo expone dos visiones acerca de la legitimidad del castigo en contextos de exclusión social. En la primera parte, uno de los autores defiende la idea de que los Estados que incumplen con obligaciones legales previas no pueden inculpar a quienes cometan delitos vinculados con ese incumplimiento. No pueden hacerlo porque no tienen el estatus moral para hacerlo de acuerdo a dos objeciones: la de complicidad y la de hipocresía. En la segunda parte, la segunda autora critica esta solución (...) al sostener que la falta de reciprocidad que caracteriza a la relación política vuelve inaplicables las objeciones de hipocresía y complicidad al ámbito del castigo penal estatal. (shrink)

Ultimamente surgiram trabalhos que mostram que Kant fundamenta os direitos humanos a partir da liberdade inata, como único direito inato que o homem possui em virtude de sua humanidade. Contudo, a liberdade inata não permite justificar uma teoria dos direitos humanos porque constitui apenas um direito inato sobre o meu e o teu interior que possibilita a posse empírica, ademais, embora um direito humano seja inalienável, deve-se renunciar a ela para ingressar no estado civil; além disso, as quatro derivações (...) analíticas da liberdade inata geram consequências incompatíveis com uma doutrina dos direitos humanos, pois, enquanto direitos humanos se referem à todos, a igualdade inata e a independência inata se aplicam a um número restrito de pessoas; finalmente, há uma diferenciação na interpretação da fórmula da humanidade no direito e na ética, porque, subjetivamente, tratar a humanidade como um fim exige que o agente considere que o fim da humanidade seja o móbil de sua ação na ética, mas, no direito, exige-se apenas que o seu comportamento externo seja conforme o fim da humanidade, e, objetivamente, no direito, tratar a humanidade como um fim produz uma legislação penal contrária aos direitos humanos e o direito da humanidade exige que a integridade inata seja suspensa durante o período da condenação, ademais, esta diferenciação na ideia de humanidade torna-se explícita na imprejudicabilidade inata, pois, na ética, a mentira é a maior violação do dever da humanidade em sua pessoa, mas, no direito, somente viola o direito da humanidade se causar prejuízo para outros. (shrink)

En el ámbito del derecho procesal penal, particularmente en el contexto del tránsito, existe una carencia de disposiciones legales que regulen el aspecto probatorio para demostrar infracciones por parte de las autoridades competentes. Específicamente, la falta de regulación sobre el uso de fotografías o videos como evidencia dificulta el proceso de aplicación de la ley, ya que ni el COIP ni la LOTTTSV ni sus reglamentos abordan adecuadamente cómo deben obtenerse pruebas mediante medios digitales. Esta laguna normativa plantea interrogantes (...) sobre qué aspectos pueden capturarse en contenido digital, cómo llevar a cabo dicho proceso y qué requisitos deben cumplir los dispositivos utilizados. Ante esta situación, se justifica la necesidad de realizar una investigación exhaustiva para determinar qué aspectos deben incorporarse en la normativa de tránsito con el fin de garantizar un debido proceso. El objetivo principal de esta investigación fue identificar las deficiencias en la regulación del aspecto probatorio en casos de infracciones de tránsito, así como proponer recomendaciones para mejorar el marco normativo existente. Se buscó determinar qué aspectos deben ser incorporados en la normativa de tránsito para garantizar un debido proceso y una aplicación justa de la ley. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo una investigación cualitativa con un enfoque descriptivo. Se empleó el método dogmático-jurídico analítico-sintético para analizar en detalle la legislación existente y las lagunas normativas relacionadas con la obtención de pruebas digitales en casos de infracciones de tránsito. Además, se realizaron entrevistas a expertos en derecho procesal penal y se recopiló información de jurisprudencia relevante. Este enfoque metodológico permitió una comprensión profunda de los desafíos y las posibles soluciones en este ámbito. Los resultados de la investigación revelaron importantes lagunas en la regulación del aspecto probatorio en casos de infracciones de tránsito. Se identificaron problemas relacionados con la falta de claridad en los procedimientos de obtención de pruebas digitales y la ausencia de criterios específicos para la admisibilidad de dichas pruebas en los procesos legales. Además, se destacó la necesidad de establecer estándares claros y procedimientos adecuados para garantizar la integridad y fiabilidad de la evidencia digital en el contexto del tránsito. Esta investigación resalta la importancia de abordar las deficiencias en la regulación del aspecto probatorio en casos de infracciones de tránsito. Se recomienda la implementación de medidas específicas para mejorar la recopilación y admisibilidad de pruebas digitales, así como la revisión y actualización de la normativa existente. Esto contribuirá a garantizar un proceso legal justo y transparente en el ámbito del tránsito, fortaleciendo así el Estado de derecho y la confianza en el sistema judicial. (shrink)

El objetivo de este artículo es mostrar que para comprender adecuadamente la violencia de género debemos tomar muy seriamente que dicha violencia de género se nutre también de violencias institucionales, de acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades. En la primera parte del artículo se indica de qué manera los instrumentos internacionales han desarrollado el concepto de violencias institucionales en el ámbito de la violencia contra las mujeres y cómo dicha violencia institucional puede tomar diferentes formas. (...) En la segunda parte del texto, se utilizan dos investigaciones empíricas para mos- trar qué prácticas de violencias institucionales se estarían dando en la aplicación de la ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Se destaca cómo el tratamiento judicial del fenómeno, traspasado por prácticas androcéntricas y estereotipos de género, produce resultados que pueden ser entendidos como violencia institucional: baja tasa de condenas, estereotipos discriminantes en la conceptualización de la violencia de género y atención revictimizante a las mujeres. Para f inalizar, se exponen, partiendo de las propias mujeres, algunas de las experiencias de violencias institucionales en el ámbito del tratamiento penal de la violencia de género. (shrink)

A prova é a medula do processo penal de qualquer sistema jurídico-constitucional. A preservação da sua originalidade e da sua integridade é essencial e vital à realização da justiça assente numa descoberta da verdade processual prática, material, judicial e válida, de modo que possamos afirmar que os direitos e liberdades fundamentais de todos os afetados pelo processo-crime sejam garantidos e, assim, restabelecida a paz jurídica e social. Defendemos, pois e uma vez mais, que a legitimidade, a legalidade e a (...) licitude da prova são nucleares a um processo penal de um Estado constitucional democrático. (shrink)

El trabajo ofrece una revisión de la literatura sobre la Justicia Terapéutica (TJ)en España durante los últimos cinco años (2017-2021) procedente del mundode la Psicología que incluye, asimismo, una revisión jurisprudencial que incide,mayormente, en la vía penal. La TJ ha pasado de ser una corriente dentrodel Movimiento del Derecho Integrativo a convertirse en un nuevo paradigmaiuspsicológico cuyo presupuesto es el estudio del «Derecho como agenteterapéutico». La distinción entre enfoques y aplicaciones trata de articular larecepción de la TJ tanto desde (...) la vertiente teórica como práctica. Complementariamente,se relaciona un conjunto de resoluciones judiciales sobreTJ recaídas en nuestro ordenamiento jurídico provenientes, en su mayoría, de la jurisdicción penal y, solo puntualmente, de la jurisdicción civil referida al Derecho de Familia. El concepto de salud, como estado completo de bienestar físico, mental y social, en general, y el constructo del bienestar psicológico y emocional del justiciable, en particular, apuntan, pues, hacia la «humanización del Derecho». El paradigma de la TJ pone de manifiesto nuevas formas de relación colaborativa, en clave interdisciplinar, entre la Psicología y el Derecho. (shrink)

Este artigo tem por objetivo levantar um debate a respeito da legalização da prática abortiva no Brasil, em razão do Projeto de Lei nº 1.135/91, ainda em trâmite no Congresso Nacional, que pretende a legalização do aborto, até momentos antes do parto. Apresenta-se, de forma introdutória, a problemática do discurso do aborto frente ao Projeto de Lei nº 1.135/91. Para tanto, apresenta-se um discussão sobre a universalidade da vida, o aborto no código penal brasileiro, a questão do avanço do (...) aborto na realidade brasileira, aborto versus Vida, a proibição da pena de morte e a legalização do aborto no Brasil e o Projeto de Lei nº 1.135/91 no Brasil. Conclui-se afirmando que se espera que no Brasil a sociedade reconheça a gravidade da descriminalização do aborto e cobre do Estado seus direitos fundamentais, principalmente o direito a vida. (shrink)