Este estudio examinó el uso creciente de los Derechos de la Naturaleza como un enfoque para gestionar la administración terrestre. La Constitución de Ecuador de 2008 destaca por incorporar el concepto indígena de Pachamama, reconociendo a la naturaleza como titular de derechos. A través del análisis de los casos del río Whanganui en Nueva Zelanda y los glaciares Gangotri y Yamunotri en India, ambos en 2017, argumento que, aunque el discurso sobre los derechos individuales se fundamenta en (...) la subjetividad moderna y en el constitucionalismo de los estados nacionales seculares, se revela como una herramienta transcultural eficaz para legitimar la gestión humana del planeta en la era del Antropoceno. Defiendo que el emergente debate sobre los derechos de la naturaleza ofrece una base sólida para la administración terrestre y se compone de dos iniciativas clave diseñadas para superar los límites de la modernidad europea. Este enfoque basado en derechos establece obligaciones hacia la naturaleza que van más allá de los meros intereses humanos y reconoce el saber indígena como un dominio argumentativo alternativo. Así, las cosmovisiones indígenas se convierten en parte integrante de los Derechos de la Naturaleza, gracias a dos aspectos fundamentales del Antropoceno que están siendo cada vez más aceptados y valorados. (shrink)

Este trabajo busca responder al siguiente interrogante: ¿es posible resolver confl ictos entre normas constitucionales que disponen derechos fundamentales sin necesidad de ponderar? Para ello expondremos la teoría que, para los casos de confl ictos constitucionales de derechos, propone reconstruir sistemas normativos. Esta teoría está representada en los trabajos de Moreso, Mendonca y Martínez Zorrilla y se presenta como una alternativa a la ponderación. Concluiremos que, si bien esta teoría puede resultar un buen complemento a la (...) hora de formalizar las decisiones judiciales sobre asuntos constitucionales, no puede reemplazar de plano a la ponderación, pues ésta siempre subyacería latente. Ello puede vislumbrarse con claridad en los casos donde derechos sociales fundamentales pretenden validez, en cuyo contexto la ponderación se presenta como algo conceptualmente necesario. (shrink)

¿Están comprendidos los extranjeros en el ámbito de aplicación de los derechos y deberes fundamentales estipulados por las constituciones modernas? Lamentablemente, no. Ha habido, a lo largo de la historia, progresos y retrocesos en la conciencia jurídica de los derechos migratorios. Hoy tienden a establecerse cláusulas de libre circulación en los espacios de integración económica, al paso que, de manera general , viene prohibida la inmigración del sur al norte. Esa orientación actual es injusta. Ni se atiene a (...) un principio de justicia natural ni respeta la tradición jurídica . Es dudoso que tengan los estados derecho a prohibir la inmigración foránea. Menos aún es admisible que se considere un delito el auxilio a la inmigración no autorizada. Frente a los criterios hoy imperantes, este artículo formula la propuesta de reconocer el derecho universal humano de migración por todo el Planeta. (shrink)

El objetivo de este artículo es hacer una reconstrucción racional del uso del examen de proporcionalidad en contextos de adjudicación judicial de derechos sociales constitucionales. Dicho trabajo de reconstrucción será desarrollado en dos pasos. En primer lugar, se tratará el interrogante referido a si el examen de proporcionalidad en su variante “por omisión” exhibe o no una estructura diferente con respecto a su, mucho más conocida e investigada, variante “por exceso”. En segundo lugar, se describirán las reglas y (...) formas de argumentación que están implícitas en el uso del examen de proporcionalidad por omisión y que componen a sus respectivos sub-exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. Por último, se presentará un breve resumen a modo de conclusión. (shrink)

Todo Estado de Derecho moderno tiene su fundamento en ciertos principios que rigen la manera en cómo se ejerce el Poder Público, y es el modo en que efectivamente se aplican, lo que ciertamente determinará la naturaleza y característica de dicho Estado. En el caso venezolano, tales principios se encuentran expresamente plasmados en nuestra Carta Magna y son: El principio de competencia administrativa, el principio de legalidad, el principio de separación y colaboración entre los poderes y el principio de responsabilidad (...) del Estado y sus funcionarios. La intención es definir y desarrollar brevemente estos principios, a fin de poder establecer las características del Estado Venezolano, desde el punto de vista Constitucional (positivo) y desde el punto de vista real. Palabras clave: Principios constitucionales; Responsabilidad del Estado; Competencia; Legalidad; Separación de poderes. Constitutional principles concerning the exercise of public power.Every modern law-ruled State has its foundation on certain principles which govern theway Public Power is exercised. It is the manner in which those principles are in fact applied what will actually determine the nature and characteristics of such a State. In Venezuela’s case such principles are explicitly presented in our Constitution. They are: the principle of administrative competence, the principle of legality, the principle of separation and cooperation between powers and the principle of responsibility of the State and its officials. The aim is to define and briefly unfold these principles, so as to establish the characteristics of the Venezuelan State, both from the Constitutional (positive) and reality standpoints. Keywords : Constitutional Principles; State Responsibility; Competence; Legality; Separation of Powers. (shrink)

El derecho, como lenguaje, cumple diferentes funciones comunicacionales que logra, en buena medida, a través del uso de herramientas y dispositivos narrativos. Entre ellos se destacan las ficciones jurídicas, las cuales, lejos de retratar la realidad, buscan crear una verdad jurídica. En el caso de las ficciones constitucionales, éstas son, con frecuencia, malinterpretadas, lo que lleva a su degeneración. En este texto, más allá de ofrecer un acercamiento conceptual a la figura de las ficciones constitucionales, se ofrece un (...) análisis introductorio en cuanto a la forma en la que ha ocurrido esto en el contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano. (shrink)

Los teóricos estadounidenses conocidos como “los nuevos originalistas” han propuesto en los años recientes una visión de la adjudicación constitucional y de la implementación constitucional extra-judicial que concede un lugar central a la distinción entre “interpretación constitucional” y “construcción constitucional.” La primera es entendida como el proceso consistente en determinar el significado lingüístico del texto constitucional mientras que la construcción es el proceso consistente en traducir el significado lingüístico a tests o reglas jurídicas, paradigmáticamente, aunque de forma no exclusiva, para (...) hacer más preciso un texto vago. Este artículo, escrito en el contexto de un simposio sobre la distinción interpretación/construcción en la teoría constitucional, hace una evaluación crítica de la coherencia y utilidad de cincelar de este modo el espacio constitucional de implementación. Argumenta que suplementar la interpretación constitucional con la noción de construcción constitucional no salva al originalismo de los muchos cuestionamientos que enfrenta; que la distinción entre la determinación del significado lingüístico y la construcción de tests o reglas jurídicas no es particularmente útil; y que la distinción más clara en este ámbito es la que distingue entre la determinación del significado o contenido jurídico de un texto y la formulación de doctrina para implementar o administrar ese significado jurídico. Ésa es la distinción que fundamenta la distinción que yo y otros académicos hemos trazado con anterioridad entre “proposiciones constitucionales operativas” y “reglas constitucionales de decisión.”. (shrink)

Analizamos dos momentos constitucionales en la obra de Juan Bautista Alberdi a partir de sus lecturas de Théodore Jouffroy y Benjamin Constant. En el primer caso, ponemos en relieve la concepción filosófico- moral del derecho así como el modelo de publicista que fue Jouffroy para el “joven” Alberdi de 1837. En el segundo, analizamos el modo en que, en 1852, adoptó la postura de Constant para pensar la autoridad política a partir de las diversas teorizaciones del “poder neutral” plasmado (...) en la figura presidencial de la Constitución Nacional de la República Argentina sancionada en 1853. (shrink)

El texto busca ofrecer un marco analítico y comparativo para estudiar en detalle un fenómeno que hasta hoy ha pasado prácticamente inadvertido: los costos constitucionales de la guerra contra las drogas. En las Américas, las políticas públicas adoptadas en un esfuerzo por suprimir los mercados de drogas ilícitas, han requerido o justificado reformas legales y transformaciones institucionales sustantivas. Estos escenarios son estudiados mediante una categoría que llamamos “costos constitucionales” y se ofrece, como punto de partida de una evaluación (...) potencialmente más amplia, un análisis de los casos de Colombia y México. (shrink)

En el presente trabajo se intenta ilustrar con ejemplos de la historia y de la actualidad constitucional de América Latina la paradójica actitud de no pocos juristas y políticos latinoamericanos que simultáneamente profesan una fe inconmovible en el poder de conformación social del ordenamiento jurídico a la vez que aceptan su precaria eficacia. La Constitución se convierte en un mito político y la impunidad en sinónimo de poder. En tales condiciones, parece aventurado establecer una relación causal entre orden constitucional y (...) democracia. Sólo una política jurídica que tome en serio los derechos y deberes constitucionales podrá quizás revertir esta situación. Desgraciadamente la probabilidad de que tal sea el caso a fines del siglo XX es menor que a comienzos de la centuria. (shrink)

El autor, en el contexto del debate sobre la relación entre la justicia constitucional y el proceso democrático, argumenta a favor de considerar al control jurisdiccional de constitucionalidad como un requisito necesario, pero no suficiente, para la existencia de un Estado democrático de derecho. Tras analizar las posturas y argumentos generales de ese debate, así como aspectos singulares del modo en que se viene desarrollando en Latinoamérica, abogará por un modelo de democracia débil, en el que una serie de (...) class='Hi'>derechos, fundamentalmente civiles y políticos, estén atrincherados constitucionalmente y sean considerados precondiciones del proceso democrático. Por este último motivo, estos dos tipos de derechos podrían estar protegidos por la justicia constitucional, incluso frente al legislador mayoritario, sin merma de la dimensión democrática del sistema político. Respecto de los derechos sociales, dada su dimensión distributiva y su relación con el bienestar y las necesidades de la población, su garantía no debería de quedar exclusivamente en manos de los jueces, ya que difícilmente pueden ser considerados precondiciones de la democracia: esto no significa, afirma el autor, que no hayan de ser constitucionalizados ni tampoco que en su garantía por parte de los parlamentarios no participe, de algún modo, la justicia constitucional. (shrink)

El recurso de amparo en España es la principal garantía jurisdiccional para la protección dederechos definidos como fundamentales por la Constitución frente a actos concretos de las autoridades públicas y secundariamente de particulares. En este estudio se reflexiona sobre el referido mecanismo de tutela reforzada y privilegiada existente en el país europeo. El amparo constitucional es una garantía que sólo es posible considerar frente a aquellos derechos que en España se comprenden como fundamentales, no incluyendo numerosos derechos (...) class='Hi'>constitucionales o derechos humanos que no se ajustan a la referida categoría conceptual.El Tribunal Constitucional se constituye en la sede básica para la resolución del amparo considerado como un recurso extraordinario, excepcional y subsidiario de protección de derechos fundamentales. Aunque sus sentencias de amparo resuelven casos concretos, sus motivaciones o consideraciones contienen parámetros para la interpretación de los referidos derechos, vinculando los poderes públicos frente a un razonamiento que pasa a tener un valor erga omnes.En este ensayo se busca contribuir, en cuanto a derecho comparado, en el estudio de las vecindades y diferencias del amparo con la acción de tutela en el caso colombiano. (shrink)

Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad (...) de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales. (shrink)

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento (...) jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. (shrink)

Este artículo presenta un análisis teórico de la incorporación del concepto de interseccionalidad en el discurso jurídico, para posteriormente, adentrarse al estudio de las iniciativas de norma constitucional que buscan consagrarlo en la propuesta de nueva Constitución de Chile.

En los Estados constitucionales modernos, se encuentra un conspicuo set de derechos, principios y valores éticos. En el presente trabajo se insiste en la necesidad de tener muy presente las investigaciones relativas a la racionalidad, el conflicto y los valores. Precisamente, porque los derechos se ..

La paradójica Revolución francesa sigue siendo objeto de estudio y fascinación en nuestra época, y mucho más ahora, en estos tiempos de aguas revueltas en la política, de populismos a diestra y siniestra, de confusiones ideológicas e ignorancias y olvidos de la más elemental cultura democrática, así como de los entramados históricos que nos han costado nuestras libertades. Por eso, se agradece que el profesor Francisco Javier Espinosa Antón haya traducido y editado con mimo una excelente antología de textos de (...) uno de los personajes más emblemáticos -aunque menos conocido- de aquel proceso revolucionario, Anacharsis Cloots, defensor de una República universal y comprometido con la Revolución, pero que acabaría siendo guillotinado en 1794, engullido por el terror de Robespierre. ¿Cuáles fueron los avatares en su vida que lo llevaron al ardor revolucionario? En realidad, se llamaba Joannes Baptista Cloots, barón de Gnadenthal, nacido en 1755 en el castillo del mismo nombre y propiedad de su familia, de estirpe holandesa y católica, dedicada a las fianzas e instalada en Prusia. Eligió el nombre de Anacharsis, por ser el de un filósofo escita que conoció la república ateniense y defendió el ideal de la unificación de Grecia, Escitia y Oriente, allá por el siglo VI a.c. Ese mismo impulso republicano y universalista será el motor de todos los discursos de Cloots. Culto, cosmopolita, estuvo presente en París inmediatamente después de la toma de la Bastilla, y en la capital francesa vivió intensamente aquellos turbulentos años. El hecho concreto que marcó su entrada en la escena política fue el siguiente: el 19 de junio de 1790 accedió a la Asamblea nacional encabezando un grupo de 36 extranjeros, y sus palabras fueron: "Venimos de Europa, venimos de Asia, venimos de América. Somos la Humanidad". El discurso de Cloots causó una viva impresión y fue bautizado como "el orador del género humano". En 1792 obtuvo la nacionalidad francesa, al igual que Paine, Bentham o Washington. A continuación fue elegido diputado de la Convención y se publicó su obra más destacada, La República universal. Sus discursos enardecidos, de lenguaje 568 Pilar Benito Olalla Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 22, nº 43. Primer semestre de 2020. Pp. 567-570. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 https://dx.doi.org/10.12795/araucaria.2020.i43.28 directo y pegados a la más viva actualidad, tenían un amplio eco en sus conciudadanos. Pero las disensiones e intrigas dentro del grupo jacobino al cual pertenecía se convirtieron en una trampa mortal. Y la sombra alargada del paranoico Robespierre tendió sus redes para acusarlo de "ser barón, alemán y rico, traidor y conspirador contra la República", como muy bien nos cuenta el profesor Espinosa Antón. Un juicio injusto condujo derecho al patíbulo a este jacobino prusiano, galófilo y ateo. (shrink)

El vigente proceso de globalización está provocando importantísimas consecuencias en estructuras, instituciones y conceptos clásicos de la política, el estado y el derecho. En el presente trabajo se pretende discutir algunas de esas consecuencias. En tal sentido y tras analizar los aspectos fundamentales que definen al actual proceso de globalización, se cuestiona el papel y el lugar de los estados en el nuevo orden mundial. La idea clave en la que sustenta el trabajo es la de que estamos asistiendo al (...) ocaso del orden jurídico westfaliano vigente en los últimos tres siglos y al nacimiento de un nuevo orden jurídico y político mundial cuyo modelo más desarrollado lo constituye la Unión Europea. Por último se abordan las consecuencias que todos estos cambios están teniendo efecto en el principio de soberanía así como en los actuales sistemas constitucionales. (shrink)

La racionalidad de la globalización está basada en la relación instrumental mediobeneficio. La planificación económica para la obtención de mayores ganancias cada vez en los distintos mercados parece exigir una incesante no-intervención del Estado. Sin embargo, la dinámica de la acumulación y reproducción del capital precisa de una neo-planificación de las estrategias económicas con el consentimiento del Estado en negociación con agentes transnacionales a nivel tanto estrictamente nacional y regional como global. Dicha delineación de los parámetros económicos alumbra ciertos efectos (...) en sectores antaño regulados en exclusiva por el Estado-Nación: a saber, el derecho, la sociedad y las relaciones internacionales. De igual forma, la democracia como sistema de gobierno sufre los avatares de la economización creciente de la política, consentida por los poderes públicos. Por tanto, los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en las cartas constitucionales como derechos fundamentales, junto al subsidiario modelo de Estado Social, son puestos en tela de juicio de manera continua por parte de la racionalidad económica, que observa en los mismos un obstáculo a salvar para la maximización de los beneficios. (shrink)

El presente trabajo busca generar en el lector la inquietud acerca de la relevancia, actualidad y necesidad material respecto a políticas públicas que profundicen y hagan realidad el Estado social de derecho, establecido por el constituyente en la Constitución de 1991 en Colombia. A pesar de los treinta años de su promulgación y frente a los aún no resueltos problemas de inequidad y de amplios cinturones de pobreza que viven algunos sectores del país (situación que impacta en la convivencia y (...) equilibrio social), se hace necesario establecer políticas públicas que afiancen los postulados constitucionales de convivencia pacífica, de prosperidad general, entre otros; es necesario establecerlas hoy más que nunca, toda vez que la crisis sobreviniente, generada por el covid-19, ha llevado el país a unos niveles inusitados de desempleo y pobreza. Se considera que las directrices que emanan del Estado social de derecho, adoptado por la Constitución de 1991, son una buena herramienta para combatir tanto los problemas propios de la crisis como los históricos flagelos que todavía experimenta la nación y lo ponen al borde del inicio de otra crisis institucional. (shrink)

El paper realiza una exposición sobre el concepto y contenido de la nulidad y el restablecimiento del derecho como medio de control a la luz de la Ley 1437 de 2011; enfocándola en asuntos ambientales a través del estudio de la licencia ambiental.

Aunque la discusión sobre los principios jurídicos encuentra su punto de quiebre con las obras de Ronald Dworkin y Robert Alexy, la cuestión reconoce desarrollos anteriores y encuentra una de sus formulaciones más profundas en reacción al pensamiento jurídico positivista de entreguerras. En este trabajo destacamos los aportes del jurista socialdemócrata Hermann Heller a la teoría de las normas que, a diferencia de los que hizo a la teoría del Estado, permanecen en un lugar olvidado. Se reconstruye su concepción del (...) derecho con el fin de mostrar que sus ideas sobre la estructura del sistema jurídico y los fundamentos de los principios jurídicos dan cuenta de la relación entre derecho y poder en los Estados constitucionales modernos y del rol de los jueces en una democracia, al tiempo que resultan precursoras de las que desarrollaría con posterioridad Robert Alexy. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

Desde hace unos años, la palabra crisis se ha instalado en nuestro lenguaje cotidiano. Se trata de un término polivalente que se aplica sobre una realidad magmática de contornos imprecisos. Inicialmente la crisis se manifestó a nivel económico. Pero la crisis afecta al disfrute de los derechos constitucionales, agravando el desamparo de una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política. En este contexto, la corrupción política detrae una cuantía escandalosa recursos que podrían ser destinados a satisfacer (...) derechos constitucionales. De ahí que la lucha contra la corrupción resulte prioritaria. Los códigos éticos aparecen como nuevos instrumentos de regeneración de la vida pública con los que romperla judicialización de la vida política, que tanto daño están causando a nuestro sistema democrático. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree, Wil Waluchow neatly sidesteps the critique of judicial review based on the con- tention that constitutional rights are unacceptably indeterminate by arguing that it is this very indeterminacy that makes a common law method of legal interpretation appropriate. However, his contention that judges are able to ‘discover’ the underlying ‘authentic’ moral views of citizens is insufficiently grounded to meet the objection that common law reasoning utilising such unspecific material will result in (...) controversial decisions that reflect the val- ues and experience of an unrepresentative social and professional elite. He also ignores the important fact that electoral democracy is partly about the protection of vulnerable majorities against powerful minorities. However, Waluchow’s approach could be rendered more acceptable where there is the practical possibility of effective legislative on law style decision-making in the arena of human rights.Resumen:En su libro A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree, Wil Waluchow de manera elegante y sutil evita la crítica al judicial review con el argumento de que los derechos constitucionales son irremediablemen te indeterminados y sostiene que precisamente por este aspecto de inde terminación un método basado en el common law es adecuado para la in terpretación de los derechos. Sin embargo, su postura de que los jueces son capaces de “descubrir” las perspectivas morales “auténticas” de los ciudadanos no está bien fundamentada como para hacer frente a la crítica de que el método del common law, al utilizar dicho material poco específico, da como resultado decisiones controvertidas que reflejan los valores y experiencia de una elite profesional y social no representativa. También el argumento de Waluchow ignora que la democracia electoral tiene como objetivo proteger a mayorías vulnerables de poderosas minorías. No obstante lo anterior, la tesis de Waluchow puede ser más viable donde exista la posibilidad práctica de una revisión efectiva de las leyes a través de las decisiones propias del método del common law en el ámbito de los derechos humanos. (shrink)

In the course of his argument for a common law conception of Constitu- tional Bills of Rights and judicial review, Wil Waluchow claims that there is a principled distinction to be drawn between a community’s ‘opinions’ or ‘mere moral preferences’ and its ‘true’ or ‘authentic’ moral commitments. Moreover, he argues that it is possible for judges to identify a community’s authentic moral commitments and apply them to decide particular cases. If he is right, it is not the case that judges, (...) in making a decision about the application and scope of constitutional rights, are inevitably importing their own subjective moral standards into the decision. I analyze Waluchow’s use of the moral opinions -moral commitments distinction. I argue first that the distinction presupposes a descriptive methodology of constitutional interpretation. I suggest however, that the methodology of interpretation in Bills of Rights cases is constructive and involves substantive, ‘evaluative and justificatory’ reasoning by interpreters and judges. I then argue that the moral opinions-moral commitments distinction either cannot do the work that Waluchow’s argument requires, or, if it is modified to do the work, it becomes a substantive distinction. A substantive conception of authenticity creates a problem for Waluchow because it undermines his purely procedural account of democratic self-governance.Resumen:Wil Waluchow al desarrollar su argumento a favor de una concepción propia del common law para las constituciones y para el judicial review, sostiene que existe una distinción de principio entre las “opiniones” de la comunidad o sus “simples preferencias morales” y los compromisos morales “verdaderos” o “auténticos”. Además, sostiene que para los jueces es posible identificar los compromisos morales auténticos de una comunidad y aplicar los mismos en la decisión de casos concretos. Si tiene razón, entonces los jueces al decidir casos concretos sobre el alcance de los derechos constitucionales no canalizan sus propios estándares mora- les subjetivos a las decisiones. En este estudio analizo el uso que hace Waluchow de la distinción entre opiniones morales y compromisos morales. Argumento en primer término que la distinción presupone una metodología descriptiva de la interpretación constitucional, y sugiero que no obstante lo anterior, la metodología de interpretación de los derechos constitucionales es constructiva e implica por parte de los intérpretes y jueces un razonamiento “evaluativo y de justificación” sustantivo. Posteriormente argumento que la distinción entre opiniones morales y compromisos morales no tiene el alcance que pretende y requiere el trabajo de Waluchow y si se modifica, entonces se convierte en una distinción sustantiva. Una concepción sustantiva de autenticidad le genera un problema a Waluchow porque debilita su explicación puramente procedi- mental de un auto-gobierno democrático. (shrink)

Jeremy Waldron is well known for his disdain of U.S. jurisprudential doc- trine that allows courts to invalidate democratically enacted legislation on the ground it violates certain fundamental constitutional (and quasi-moral) rights. He believes that where disagreement on the relevant substantive is- sues is widespread among citizens and officials alike, it is illegitimate for judges to impose their views on the majority by invalidating a piece of enacted law. Even if we assume, plausibly enough, there are objective moral constraints on (...) what restrictions on behavior may be enacted into law, judges have no privileged access to the objective truth and must, like everyone else, rely on their own subjective intuitions and views. Given that judges are hence no more likely than citizens or legislators to reach the correct decision about what morality requires, these disagreements should be democratically resolved. As he puts it, if disagreement about rights is to be sorted out by counting heads, it should be the heads of citizens who have ultimate sovereignty in a democracy, rather than those of unelected judges, that ought to count.In this essay, I consider Wilfrid Waluchow’s response to Waldron’s argument in his outstanding new book, A Common Law Theory of Judicial Re- view, in which he attempts to provide the practice of judicial review with something akin to the foundation that justifies allowing judges authority over the development of the common law. I will begin with a short explication of Waldron’s argument and then consider Waluchow’s objections to Waldron, as well as Waluchow’s living-tree conception of a common-law constitution with content that evolves through a common law approach to reasoning in constitutional disputes.Resumen:A Jeremy Waldron se le conoce por el desprecio que ha manifestado con relación a la doctrina constitucional estadounidense que permite a los tribunales invalidar legislación que ha sido promulgada de manera democrática, dado que según Waldron lo anterior constituye una violación a ciertos derechos constitucionales (y cuasi-morales). Él piensa que si existe un desacuerdo importante entre los ciudadanos y oficiales del derecho en relación con cierto tema sustantivo, es ilegítimo que los jueces impongan sus puntos de vista sobre los de la mayoría de la población al invalidar una ley promulgada. Incluso si suponemos, de manera lo suficientemente plausible, que existen limitantes morales objetivas sobre las restricciones que el derecho puede contemplar en relación con el comportamiento de los ciudadanos, los jueces no gozan de un privilegio especial con el que puedan acceder a estas verdades objetivas y deben, como todos los demás, basarse en sus propios puntos de vista e intuiciones subjetivas. Entonces, dado que los jueces al igual que los ciudadanos y legisladores no pueden llegar a mejores y correctas decisiones en relación con lo que exige la moralidad, estos desacuerdos se deben decidir de manera democrática. Como sostiene Waldron, si los desacuerdos sobre los derechos se deben decidir con un recuento de manos, deben ser las manos de los ciudadanos, los cuales tienen la soberanía última en una democracia, no así los jueces que no son electos.En este artículo, el autor analiza la respuesta de Wilfrid Waluchow a los argumentos de Waldron, los cuales se encuentran plasmados en el nuevo e interesante libro: A Common Law Theory of Judicial Review, donde Waluchow intenta justificar la práctica del judicial review a través de algo parecido a la justificación que otorga a los jueces autoridad para desarrollar el common law. El autor inicia con una breve explicación del argumento de Waldron y continúa con las objeciones de Waluchow a Waldron, entre las cuales destaca la concepción de Waluchow de la Constitución como árbol viviente. (shrink)

Este artículo examina la jurisprudencia constitucional relativa a la legitimación en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en general, y sobre la legitimación de las asociaciones, particularmente, haciendo hincapié en la importancia de esta cuestión para la protección de los derechos constitucionales y la protección de los intereses colectivos. El autor, recordando que la legitimación activa plazo es la capacidad de una parte para demostrar a la corte que existe una vinculación suficiente con el objeto procesal a fin de (...) justificar su participación en el caso (algo que perder, algo para ganar), las notas el papel del Tribunal Constitucional español en subrayar que la legitimación activa debe interpretarse en sentido amplio, en contraste con otra sentencia más restrictivas en la jurisprudencia administrativa. La interpretación amplia de la legitimidad está estrechamente vinculada no solo con los derechos de acceso a la justicia (especialmente intensa cuando se determina la imposibilidad de obtener una respuesta judicial inicial) y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino también para controlar judicial efectiva y la acción firme de la Administración con arreglo a Derecho por los tribunales, lo que permite combatir las prácticas corruptas y los casos de abuso del poder público. En resumen, la interpretación amplia de legitimación es la mejor solución contra los conceptos anticuados que impiden el acceso a la justicia. (shrink)

En 1985, Brasil salía de un periodo de 21 años de dictadura y abría un proceso constituyente para lograr una redemocratización. La Constitución de 1988 fue nombrada como «ciudadana» porque reforzó los derechos civiles e introdujo derechos colectivos de pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales, derechos colectivos sobre el medio ambiente y la cultura, además de derechos a la vivienda, a la salud, a la educación y de los consumidores. No fue fácil la implementación de esos (...) derechos y el presente trabajo analiza la aplicación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, dividiéndolos en tres periodos particulares. El primero, desde la promulgación de la Constitución, en 1988, hasta la elección de Lula da Silva y su posesión en 2003; periodo marcado por la aplicación de políticas neoliberales en contraposición con las normas constitucionales colectivas. El segundo periodo, representado por los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, del 2003 hasta el 2016, cuando la presidenta es alejada para que asuma su vicepresidente; periodo marcado por un desarrollismo contradictorio con los derechos colectivos. El tercer periodo, a partir del 2016, caracterizado por la intención de destruir la Constitución. (shrink)

En el presente artículo buscamos reflexionar sobre las bases filosóficas que sustentaron el surgimiento del constitucionalismo e inspiran su evolución. Separación de poderes, democracia representativa y participación directa de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, garantía de las libertades individuales y los derechos sociales...son premisas que pueden desprenderse de un análisis coherente y extensivo de los valores que han inspirado el fenómeno constitucional, y que paulatinamente han ido materializándose de forma cada vez más concreta en los (...) textos constitucionales y en el discurso de la doctrina iusfilosófica a lo largo del siglo XX. (shrink)