Abstract

Este artículo examina la jurisprudencia constitucional relativa a la legitimación en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en general, y sobre la legitimación de las asociaciones, particularmente, haciendo hincapié en la importancia de esta cuestión para la protección de los derechos constitucionales y la protección de los intereses colectivos. El autor, recordando que la legitimación activa plazo es la capacidad de una parte para demostrar a la corte que existe una vinculación suficiente con el objeto procesal a fin de justificar su participación en el caso (algo que perder, algo para ganar), las notas el papel del Tribunal Constitucional español en subrayar que la legitimación activa debe interpretarse en sentido amplio, en contraste con otra sentencia más restrictivas en la jurisprudencia administrativa. La interpretación amplia de la legitimidad está estrechamente vinculada no solo con los derechos de acceso a la justicia (especialmente intensa cuando se determina la imposibilidad de obtener una respuesta judicial inicial) y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino también para controlar judicial efectiva y la acción firme de la Administración con arreglo a Derecho por los tribunales, lo que permite combatir las prácticas corruptas y los casos de abuso del poder público. En resumen, la interpretación amplia de legitimación es la mejor solución contra los conceptos anticuados que impiden el acceso a la justicia