Abstract

La regulación jurídica de la nacionalidad la instituye como frontera que delimita, más allá de la entrada al territorio, la pertenencia a la comunidad política. La facilitación de la adquisición de la nacionalidad, con el objeto de integrar a quienes comparten un interés común en el futuro de la comunidad, es un instrumento necesario, aunque insuficiente, de democratización, en primer lugar, en cuanto sirve internamente a la expansión potencial del cuerpo político-jurídico, incorporando a los sujetos socialmente ya integrados. Y, en segundo lugar, en cuanto se extiende hacia el exterior con el compromiso del Estado con su función de agente de justicia global.