Abstract

El trabajo pretende mostrar que la expansión de la dogmática, sobre todo en el discurso penal, representa un desafío al legislador y cuál es el precio que debemos pagar por ello. La dogmática, al igual que la legislación, necesita ofrecer al juez pautas precisas que sirvan para delimitar las decisiones correctas y, en ese mismo sentido, identificar a las que se consideran arbitrarias. Sólo bajo este supuesto la dogmática contribuye a lograr decisiones más previsibles. La dificultad radica en que la búsqueda de precisión puede limitar la arbitrariedad de los órganos de aplicación, pero, a la vez, la precisión introduce distinciones arbitrarias. En ciertos casos la arbitrariedad se produce por la indeterminación que generan las normas imprecisas y en otros casos, la arbitrariedad consiste en que al aplicar normas precisas, los funcionarios se apartan de las razones que justifican a esas normas. El desafío para la dogmática es mostrar que su contribución a la racionalidad puede superar a las que elabora el legislador. Es decir, debe mostrar por qué sus normas pueden tener éxito donde el legislador, por cuestiones conceptuales, inevitablemente fracasa. Los autores de este trabajo sostienen que la incorporación de normas dogmáticas en el horizonte de justificación de las decisiones no solo posee las mismas dificultades conceptuales que las del legislador sino que sus soluciones compiten con otras justificaciones formales, e.g. normas legisladas y, con frecuencia, suponen una tensión entre las palabras de la ley y lo que los dogmáticos dicen que dice el legislador.