Abstract

A pesar de la históricamente alegada estabilidad democrática de Colombia, se trata de un país que ha oscilado desde hace más de 50 años entre indicadores desfavorables respecto de la violencia y la inestabilidad institucional, en algunas ocasiones particularmente negativos. A finales de 1980 una serie de factores políticos, jurídicos, económicos y sociales, agravados por la confrontación entre el Estado y el cartel de Medellín, así como por el surgimiento de nuevas guerrillas y luego de los paramilitares, confluyeron en la necesidad imperativa de cambiar el texto constitucional. No solo se consignó en la nueva Constitución que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", sino que tras 20 años de desarrollo legislativo y judicial de esta disposición la paz se ha procurado alcanzar aumentando la seguridad pero con cada vez mayor consciencia de la necesidad de implementar políticas de justicia social. En pocos contextos como el colombiano se ha procurado reivindicar la idea de Bobbio: "Una constitución es un pacto de paz".