Abstract

En el fallo de la Cámara Federal de La Plata se resolvió declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas.El fallo platense presentaba dos características relevantes. Estos aspectos trazaban una diferencia con el caso de los amparos cordobeses. En primer lugar, la nulidad de las resoluciones se fundaba en un aspecto procedimental, a saber: la no realización de la audiencia pública previa a la modificación del cuadro tarifario.En segundo lugar, la cámara echó mano de la acción colectiva consagrada jurisprudencialmente en el fallo Halabi. Aunque los límites a la judicialización se justifican en la división de poderes dentro del estado republicano, un estado republicano también debe garantizar que los ciudadanos tengan el control sobre las políticas públicas implementadas por el gobierno.