Abstract

El contexto de crisis y restricciones presupuestarias sirve de pretexto para promover en la Comunidad de Madrid la implantación de un modelo dual de gestión de los centros y servicios sanitarios, ampliamente contestado en la calle por profesionales sanitarios, asociaciones, pacientes y usuarios. Este proceso se inicia sin evidencia científico-técnica que avale las presuntas ventajas del modelo de concesión y carece de una evaluación solvente de impacto sanitario, conforme a estándares de transparencia, rendición de cuentas y calidad democrática. Entre los aspectos éticos y jurídicos involucrados en este debate analizo los relacionados con el conflicto de intereses y las evidencias recientes que desaconsejan adoptar en España modelos similares. Tras analizar el desafío que supone el nuevo marco institucional para el ejercicio de la responsabilidad profesional conforme a criterios de equidad y buenas prácticas, se concluye aportando elementos para generar un marco más equilibrado de reformas