Abstract

Entre 1990 y 2011 se constituyó una subjetividad que toleró un incremento significativo de malestar sin mayores expresiones políticas del mismo. Una sociedad despolitizada privatizó los problemas públicos y los asumió a nivel individual. En ese marco, el disenso de los ciudadanos con el orden político al cual debían responder, no sólo no tuvo nunca representación institucional, sino que más bien fue la institucionalidad su principal obstáculo. Las instituciones funcionaron como dique de contención del malestar y protegieron así a la clase política. La latencia del malestar tuvo su final, o al menos una suspensión significativa, durante 2011, a partir de un proceso de movilización social de gran envergadura que ancló la energía del malestar en los problemas de la educación chilena. La ilegitimidad anterior de la protesta pública invirtió su signo y el acto de protesta pasó a ser parte fundamental del modo en que las demandas ciudadanas lograron, legítimamente, escalar hacia las autoridades, mientras éstas reducían su ya menguada aprobación. El presente artículo expone el carácter transformador de la mera posibilidad de procesar politizadamente el malestar, constituyéndose este hecho en condición suficiente para incrementar el grado de deliberación social sobre los problemas públicos, reconfigurando la textura del espacio público e incluso modificando radicalmente las condiciones hegemónicas imperantes