Abstract

El presente ensayo sostiene que los principios de justicia de Rawls proporcionan una fundamentación normativa para la teoría de los stakeholders. Los principios articulan (en un nivel abstracto) los derechos de los ciudadanos; estos derechos crean intereses en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el ámbito de la actividad económica; y, por lo tanto, los stakeholders –en calidad de ciudadanos–tienen intereses legítimos en dicho ámbito. Así, la obra de Rawls nos obliga a fundamentar cuestiones de la ética de la empresa en la filosofía política: los derechos e intereses de los stakeholders (que son los derechos e intereses de los ciudadanos en la esfera económica) están protegidos en el nivel institucional, por lo que no pueden venir determinados por los directivos ni las corporaciones.