Abstract

Recientemente se falló la famosa sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 21 de octubre de 2013, aplicada a España, en torno a la doctrina Parot, que trae de cabeza a juristas, tertuliano/as, personajes políticos, y a la ciudadanía en general. Ciertamente cuando se firma un Convenio Internacional, cuando se ratifica, ese Derecho y ese compromiso firmado por el Estado, pasa a ser vinculante, como no puede ser de otro modo, pues hubiera bastado —de no estar de acuerdo— con no f irmarlo en el momento de su presentación “oficial” en el marco internacional. Ya sabemos las consecuencias que ha supuesto la aplicación automática de ese derecho positivo. Pero este no ha sido el único compromiso internacional adquirido por el Estado español en estos últimos años, ni será el único que plantee serias consecuencias por su inaplicación...