Abstract

La viabilidad del modelo de la sociedad de bienestar se encuentra en entredicho. El argumento de la insostenibilidad económica de su realización ha propiciado una versión muy limitada de su efecto redistributivo y transformador que limita su radio de acción a la satisfacción de las necesidades más perentorias del individuo. La rehabilitación del modelo reclama la ponderación razonada de la densidad normativa de los bienes en juego que en ningún caso pudiera derivar en la discriminación en el disfrute de los derechos concernidos. Se impone al respecto el cumplimiento irrestricto de los deberes generales positivos enderezados a la eliminación de los condicionamientos de las voluntades individuales que conforman el consenso definiendo el sentido democrático de las políticas de bienestar.