El trabajo cuestiona la tesis según la cual durante los siglos XVI y XVIII funcionó en la Hispanoamérica Virreinal un régimen autoritario y extractivo; aporta evidencia de que, por el contrario, el orden virreinal o indiano funcionó según ideas e instituciones jurídicas que, en su contexto histórico, permitieron limitar el poder de las autoridades reales y de sus representantes; y argumenta por qué no se justificaba ni benefició a los ciudadanos de las nuevas Repúblicas romper de raíz con esas instituciones (...) jurídicas para adoptar un derecho público ajeno como el derecho administrativo francés. (shrink)

El objetivo de este artículo es arrojar luz sobre las doctrinas políticas más significativas de Spinoza: su rechazo del contractualismo clásico, la tesis de la equivalencia de derecho y poder, la descripción de los límites del gobierno bien como limitaciones lógicas o como medios para garantizar la independencia y el poder del estado, y su refrendo de la democracia como la forma más natural y racional de constitución política. Además, se resuelven dos paradojas que, supuestamente, amenazan con desarticular su (...) pensamiento político: el conflicto entre una perspectiva naturalista y un discurso que pretende alcanzar los fundamentos de la legitimidad política, y la tensión entre la dinámica de la libertad y la del poder. El resultado es una vindicación de la relevancia de la filosofía política de Spinoza para el mundo contemporáneo. (shrink)

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis (...) del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. (shrink)

Planteamos el problema siguiente: Descartes contesta la acusación irracional de Voetius interpretando, excepcionalmente, los Evangelios y afirma que las _leyes de caridad _son _afines _a las _leyes de la amistad natural _que rigen las funciones del pastor y del profesor. Proponemos que Descartes excluye el examen de las virtudes teologales e incursiona en el derecho privado y civil para probar que Voetius no es un _verdadero _profesor, ni un _verdadero _pastor, y usurpa las atribuciones del juez. Frente a la (...) irracionalidad, la búsqueda de la verdad se despliega en el alegato jurídico. -/- Descartes and the laws of charity. Public and private law in the Letter to Voetius Abstract. We pose this problem: Descartes responds to Voetius’ irrational accusation by resorting once, on his own initiative, to Gospel, an interpretation that reviews the laws of charity as akin to the laws of natural friendship governing pastor and teacher roles. We propose that the Letter be a legal argument. Descartes has no interest in theological virtues: facing irrationality, he delves into private law to prove that Voetius is not a true teacher, or a true pastor, and encroaches on the function of judge. (shrink)

Public interest is intended to mean a consolidation of the prevailing ends of the legal and political order of a democratic state. This is a vague legal concept that generally carries the risks of confusion and manipulation. The undoubted difficulties involved in its determination often lead to it being credited (or discredited) as an ideological concept. Administrative doctrine holds that vague legal concepts do not widen administrative discretion and do not open up a route to arbitrariness. However, neither the legislator (...) nor the administration nor the judiciary have managed to avoid the risks of indeterminacy. Perhaps the best guarantee for achieving a reasonable validation of this concept is to establish a strong relationship between public interest and democracy. Public interest as distinguished from the metaphysical idea of natural law and the common good, must be above all a democratic value, in that its definition should be in the hands of democratically legitimated power and its implementation must involve the protection and realization of a greater number of private interests. From another perspective, the crisis that always grip the concept requires us to emphasize the need for public interest to be a matter for eachs citizen, that is, the pursuit of general interest involves the ability of every citizen to put a distance between it and their private interests. (shrink)

En este artículo se analiza la prestación de los servicios públicos domiciliarios de manera eficiente y oportuna como pilar fundamental en cumplimiento de los fines del Estado social de derecho, así como la función del Presidente de la República de ejercer control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual está facultada para imponer sanciones a quienes violen las normas a las cuales están sujetas como manifestación de intervención del (...) Estado en la economía; y se finaliza con el estudio del alcance de aplicar el principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas del derecho de los servicios públicos domiciliarios, visto como límite del poder punitivo del Estado y como mecanismo para evitar la toma de decisiones arbitrarias. (shrink)

El Derecho y la Ética mantienen una relación estrecha, aunque no muchas veces se le brinda la atención que dicha vinculación merece. El análisis y la evaluación moral de las instituciones jurídicas y políticas conforman lo que se denomina "Jurisprudencia Normativa" o también "Ética Política". Una disciplina capaz de hacer avanzar el estudio de políticas públicas y herramientas jurídicas y sociales y, a la vez, juzgar su adecuación a criterios de corrección moral política. Este ha sido nuestro objetivo en (...) la compilación de los trabajos que componen este libro: ofrecer una investigación tanto de las instituciones como de las acciones de quienes participan en las prácticas que tienen lugar a partir de dichas instituciones. Los trabajos que se compilan aquí parten de un hecho difícilmente controvertible, esto es, que tanto los ciudadanos como los operadores jurídicos, en tanto participantes activos de una sociedad, pueden adoptar una actitud reflexiva frente a las instituciones jurídicas. De hecho, la concepción que se pretende impulsar a través de nuestras investigaciones afirma que existe un deber de desarrollar esta actitud. Al menos es un deber que corresponde a aquellos que están de una u otra manera vinculados con las profesiones jurídicas. Esta actitud de reflexión crítica se presenta en dos tipos de juicios de moralidad política: uno relacionado con las instituciones y otro con las acciones que se llevan a cabo dentro de aquéllas. (shrink)

En los pueblos indígenas de México existen mecanismos de toma de decisión y participación que contribuyen al logro del bienestar común. Estos procesos constituyen parte del espacio público para resolver sus problemas y a través de ellos se reafirman la pertenencia e identidad que fortalecen las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de los miembros de la comunidad. La forma en que se manifiesta esta reafirmación es por medio de la participación en el trabajo comunitario, el sistema de cargos (...) y las asambleas comunitarias. Sin embargo, en los últimos años, con la intervención de las políticas públicas de los distintos órdenes de gobierno y la inclusión de estos pueblos en los procesos políticos, en la búsqueda de una mayor participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos civiles en un contexto democrático, han modificado las reglas de convivencia afectando estos mecanismos que son la base de la estructura comunitaria. (shrink)

Lo privado es visto comúnmente como el espacio de la libertad y los derechos individuales, mientras lo público se observa como el espacio de la dominación política, por esto resulta necesario ver cuál es en realidad la relación que hay entre la libertad y lo público. En este sentido resulta conveniente revisar el pensamiento de autores contemporáneos como Julien Freund, que piensan la libertad y lo público tomando distancia del pensamiento liberal tradicional que ha determinado la visión (...) actual de las dos esferas mencionadas. En Freund lo público es espacio de libertad en el ámbito político, y garantía de libertad para los demás ámbitos de la vida de las personas. (shrink)

"Los derechos polí­ticos y el Estado constitucional en el discurso filosófico actual" La filosofí­a polí­tica liberal propone una concepción del gobierno y de la sociedad civil corno resultado de un acuerdo que se actualiza permanentemente bajo las condiciones de un Estado de derecho. El sentido polí­tico de este orden liberal así­ caracterizado se hace depender de ciudadanos que son sujetos activos de derecho; derechos naturales ya suscritos por Locke, y los habilitan, responsabilizan y equiparan a la hora de (...) dar forma a la sociedad civil y establecer los lí­mites al poder del Estado. Sin embargo, en este orden de derechos y obligaciones, es claro para el autor, persiste el antagonismo entre intereses privados y públicos dado el carácter de la economí­a de mercado. "œPolitical Rights and the Constitutional State in the Contemporary Philsophical Discourse" Liberal political philosophy proposes a conception of government and of civil society as a result of an agreement permanently modified under the conditions of the Rule of Law The political sense of this liberal order thus characterized is dependent of citizens that are active subjects of /me; natural rights already suscribed by Locke that enabled them, make accountant for and make them equal in order to outline the civil society and establish the limits of State power: Nevertheless, the author insists on reinincling us of the antagonism between private and public interests, given the situation of market economy. (shrink)

El presente artículo busca, tras una breve mirada del significado histórico de la ciudad, de situarla en el ámbito de la Teoría de las Necesidades Humanas, argumentando cómo la ciudad ha sido el satisfactor sinérgico más importante de las necesidades. Considerando que las necesidades son universales e identificables, se muestra cómo la ciudad es el lugar donde mejor se han satisfecho éstas, y cómo una de ellas, la participación, obtiene un especial significado dado su carácter sinérgico y transversal. No obstante, (...) el desbordamiento de la ciudad con el desarrollo del capitalismo la ha desmembrado, zonificando sus funciones y segregando a los diferentes grupos sociales, perdiéndose el espacio público como espacio político. Reconstruir una democracia urbana, precisa de una (re)vuelta a la ciudad considerando múltiples dimensiones del cambio que son a su vez condiciones y síntomas práxicos para reconstruir el espacio público como espacio político. (shrink)

El presente trabajo analiza el esquema de las Asociaciones Público Privadas consagradas en la ley 1508 de 2012, como un instrumento de vinculación del capital privado y modalidad de gestión pública dentro de la actividad contractual. Para ello, se propone resaltar aspectos esenciales de las mismas que permitan responder a la pregunta: ¿Cuál es la importancia de las app como modelo de gestión pública en la actividad contractual, para la concreción de los fines del Estado? La finalidad se cimienta (...) en analizar la importancia de estas como esquemas y herramientas de gestión pública dirigidas al cumplimiento de los fines del Estado, desde el elemento cuantitativo del Estado Social de Derecho, en especial desde el fin de servicio a la comunidad, proponiéndose ahondar en la normatividad vigente colombiana que versa en torno a las mismas, donde se vislumbra la importancia de estas estructuras y se detallan las diferencias entre los esquemas de iniciativa privada como verdadera novedad e iniciativa pública. (shrink)

El tema de la interferencia estatal en las funciones parentales nos conduce a la dicotomía entre lo público y lo privado, propia de teorías liberales y ampliamente criticada por feministas. El presente artículo reflexiona en torno a los planteamientos, críticas y reconsideraciones de las ideas de Rawls acerca del valor de la familia y su relación con el Estado. Se sostiene que, para el autor, la familia es una institución ambivalente, y que eso se traduce en contradicciones en su (...) postura, la que —en todo caso— no presta atención a la situación de los niños y las niñas como personas actuales dentro de esa esfera. Sin perjuicio de eso, la revisión de algunas de sus ideas permite afirmar que el ámbito familiar, y particularmente las situaciones que involucran a los niños y las niñas, no deben ser herméticos ante los principios de justicia, siendo los derechos humanos un discurso válido y necesario en el campo de las relaciones intersubjetivas. (shrink)

El artículo es uno de los resultados de la tesis denominada: El derecho administrativo desde el nuevo contexto constitucional a partir del cine colombiano: Dos mujeres y una vaca y El abrazo de la serpiente, realizada como trabajo final para la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En el artículo Cine y Derecho se plantean como dos producciones culturales de honda trascendencia en las sociedades actuales y, particularmente el cine aborda nuevas miradas sobre diversos (...) fenómenos sociales, políticos y jurídicos, que le permite evidenciar matices, lecturas y puntos de vista. Por esto el artículo tiene como objetivo repensar el Derecho Administrativo utilizando el análisis fílmico como herramienta para descifrar las conexiones entre cine y ésta disciplina jurídica. Para ello se analizan dos películas en función de visibilizar sus conexiones con el Derecho Administrativo. En Dos mujeres y una vaca se evidencia que la película constituye una interpelación desde el séptimo arte a una sociedad que no se reconoce en la memoria de la guerra que ha padecido y a un Estado que no garantiza eficazmente las seguridades vitales, derechos y propiedades de los ciudadanos. En el caso El abrazo de la serpiente la película constituye un llamado para que el Estado fomente una visión más amplia y holística de la naturaleza que reconozca la integralidad y codependencia de todos los elementos naturales en el ecosistema. Ambas películas hacen un llamado al Estado que supone generar un cambio de paradigma, transformar profunda y fundamentalmente la administración pública, orientar la vocación de servicio público al bien común. (shrink)

Los estados eran tradicionalmente los encargados de responder del ámbito público y de promover los derechos humanos (Ruggie, 2013); los mercados atendían a la generación de valor económico; y el tercer sector se encargaba de la integración social. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, ya no es equivalente la responsabilidad pública con la responsabilidad estatal. Aunque los estados siguen siendo los máximos responsables, no son los únicos agentes responsables de esa tarea. Ahora hablamos de una sociedad civil (...) globalizada (García-Marzá, 2013). No en vano, el subtítulo de este monográfico especial de Recerca es «El papel de la sociedad civil». (shrink)

La incorporación de la perspectiva de género en Derecho internacional privado es difícil, por su carácter técnico y abstracto. Las autoridades que aplican estas normas intentan corregir las distorsiones generadas por la ausencia de enfoque de género en esta disciplina a través de correctivos como el orden público internacional, para alcanzar la justicia del caso concreto y proteger derechos fundamentales. Pero, estas correcciones son insuficientes para aplicar la perspectiva de género, porque no remueven los obstáculos que están en (...) el origen de la discriminación de la mujer. La ausencia de perspectiva de género en estas normas es una forma de violencia institucional, que habilita la incorporación en el ordenamiento jurídico de normas que, pretendiendo defender la libertad de la mujer, conducen a normalizar su subordiscriminación. Es precisa una revolución del Derecho internacional privado, que vaya más allá de los efectos inmediatos de las normas reguladoras de las relaciones privadas internacionales. (shrink)

"La distinción que suele hacerse entre el Derecho político y la Teoría general del Estado no obedece, en realidad, a una exigencia lógica; la separación ni es clara, ni tiene fundamento. Son dos aspectos del mismo problema científico: estudio jurídico del Estado. La Teoría general del Estado se ocupa generalmente de definir los principales aplicables a todo Estado y en todas sus manifestaciones. El Derecho político, partiendo de estos conceptos generales que sienta la Teoría, investiga más en concreto (...) la vida orgánica del Estado, sus funciones internas y exteriores y las relaciones del Poder Público con los individuos". Oskar Georg Fischbach. (shrink)

The influx of modernity is approached as a guaranteed right in the economic process. The period is catalogued as a proponent of rationality in Weberian-Habermasian sense, with an adjustment as to ends. Rights adopt four characteristics in the methodological argument of modernity: a) it is calc..

reto de un jurista que urge a la razón individual de cada lector para que éste verifique por sí mismo la falacia de las modas ideológicas en las que puede hallarse eventual e inconscientemente inmerso. El autor ha pretendido hacer un libro «sensato», es decir, de sentido común o «buen juicio», que es una manera de sabiduría llana y común; todo lo contrario de la sensacional originalidad que suele estragar al público de nuestros días. Aunque quizás ocurra hoy que (...) lo sensato resulte ser excepcional y nuevo, es lo más conforme al auténtico estilo de un jurista, que, por su profesión, nunca busca destacar por su singularidad, sino por la conveniente edificación crítica del derecho fundado sobre una tradición respetable. Como hay un arte de ser sencillo, hay también un arte de ser sensato, y a esa «sagesse» aspira precisamente el autor. I. Naturaleza. II. Verdad. III. Patrimonio. IV. Potestad. V. Persona. VI. Matrimonio. VII. Servicio. Índice tópico. Referencias bibliográficas complementarias. (shrink)

A principios de 2018, fueron presentados varios proyectos de ley con el objeto de regular el acceso gratuito a los servicios públicos de salud y de educación superior de aquellos migrantes internacionales que no revistieran la condición de “residentes permanentes” sobre la base de criterios de “reciprocidad”. Durante casi dos semanas, los proyectos concentraron gran parte de la atención mediática, instalándose como tema prioritario de la agenda pública. A través del análisis de dichos proyectos y de su tratamiento en la (...) prensa digital hegemónica, este trabajo propone una exploración de las narrativas que circularon en relación al acceso gratuito de la población migrante a la salud, para posteriormente indagar sobre los efectos simbólicos que produce la hipervisibilización de una determinada posición política sobre el tema. Se aplicó una metodología cualitativa centrada en los análisis de discurso y de contenido con el objetivo de analizar la articulación entre el discurso jurídico y el discurso mediático e indagar el modo en que las narrativas que circulan a través de los medios hegemónicos instituyen y son instituidas por el imaginario social sobre la gratuidad del acceso a la salud para la población migrante. Como resultado, fue posible identificar tres operaciones discursivas: (a) el desplazamiento de la idea de salud como derecho a la salud a un objeto de negociación diplomática basada en la reciprocidad; (b) la asociación del desborde de los servicios de salud con la demanda de atención por parte de los migrantes, lo que oculta el carácter estructural de las deficiencias del sistema de salud, vinculadas a la regresividad de las políticas neoliberales en lo que respecta al reconocimiento de derechos sociales básicos, como la salud; (c) la negación de estos otros bajo el mecanismo del chivo expiatorio, representándolos como una “amenaza social” y como los “no merecedores” de la gratuidad. (shrink)

RESUMEN: El presente artículo analiza el reforzamiento de la libertad de expresión que se produce cuando ésta es ejercida en conexión con el derecho de defensa, y se centra en un concreto supuesto que ha sido recientemente examinado por el Tribunal Constitucional: el ejercicio del derecho de defensa en primera persona por un funcionario que es objeto de un expediente disciplinario. A la vez que estudiamos la solución dada por el TC al citado caso, reflexionamos sobre los efectos (...) de la misma más allá del caso específico que resuelve, planteando la posibilidad de su extrapolación a la generalidad de supuestos donde el ciudadano ejerce su derecho de defensa en primera persona y sin asistencia letrada. ABSTRACT: The present article analyzes the reinforcement of the freedom of expression that takes place when this one is exercised in connection by the right of defense, and centres on a concrete supposition that has been recently examined by the Constitutional Court: the exercise of the right of defense in the first person for a civil servant who is an object of a disciplinary process. Simultaneously that we study the solution given by the Constitutional Court to the mentioned case, we think about the effects of the same one beyond the specific case that resolves, raising the possibility of its extrapolation to the generality of suppositions where the citizen exercises his right of defense in the first person and without legal aid service.PALABRAS CLAVE: libertad de expresión, derecho de defensa, funcionario público, autotutela, expediente disciplinario.KEYWORDS: freedom of expression, right of defense, civil servant, autoguardianship, disciplinary process. (shrink)

Desde fines de los 90, y siguiendo una década de severos planes de ajuste estructural, América Latina fue surcada por numerosas experiencias de revueltas populares. Estas revueltas trajeron consigo masivas manifestaciones colectivas, altos niveles de agresión física y verbal contra políticos, jueces y funcionarios públicos, en general. Las protestas incluyeron, por ejemplo, la organización de ¿piquetes¿ destinados a bloquear el tráfico en las rutas principales, con el objeto de exigir empleo, comida, o el otorgamiento de subsidios; tanto como ruidosas manifestaciones (...) (i.e., ¿cacerolazos¿). Estas agresiones a las autoridades públicas alcanzaron el domicilio y las propiedades de los últimos, tato como los edificios públicos en los que trabajaban (la sede del gobierno, las legislaturas, los tribunales). Entre otros resultados, dichas protestas forzaron la renuncia del presidente Raúl Cubas, en Paraguay, en 1999;la del presidente Alberto Fujimori, en Perú, en el 2000; la del presidente Jail Mahuuad, en Ecuador, en el 2000 (tanto como la remoción del presidente Abdala Bucaram, en 1996); la del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, en el 2002; y la del presidente Bertrand Aristide, en Haití, en el 2004. En la Argentina, estas protestas culminaron con una profunda crisis que incluyó el mandato de cinco presidentes distintos en menos de dos semanas. Por supuesto, esta manifestaciones fueron promovidas, en cada caso, a partir de circunstancias parcialmente diversas. Algunas fueron seguramente más legítimas que otras; algunas fueron más ¿espontáneas¿ o ¿genuinas¿ que otras; algunas resultaron más poderosas y duraderas que otras. De todos modos, la presencia de todas estas variaciones no deberían impedirnos que reconozcamos las similitudes que vincularon a estos acontecimientos, que aluden al tipo de crisis que se encuentra afectando a muchos órdenes legales contemporáneos. (shrink)

Este artículo examina las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia para atender las necesidades de la población diagnosticada con coinfección de los virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de hepatitis C (VHC), inclusive las personas privadas de la libertad, y de esa manera garantizar su derecho fundamental a la salud. Para verificar tales acciones, se realiza una revisión de las guías elaboradas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cuenta de Alto Costo, en las que (...) se aborda el panorama de estas enfermedades, así como los mecanismos legales para acceder al tratamiento. Los hallazgos indican que, si bien el Sistema de Salud en Colombia no es excelente, lo cierto es que se evidenció la gestión de los últimos gobiernos para implementar una política de prevención de tales enfermedades, así como, para destinar mayores recursos públicos que permitan una adecuada satisfacción de las necesidades sanitarias de este grupo vulnerable. (shrink)

RESUMENEste artículo reconstruye el espectro de críticas feministas a la idea habermasiana de espacio público por su ceguera frente al género. joan Landes, iris Young, Seyla Benhabib y Nancy Fraser lo objetarán con distinto grado de racionalidad. El motivo de este alud de objeciones lo provocó la trudicción al inglés de la historia y critica de la opinión pública, una obra en la que se idealizaba la esera pública burguesa deudora de las ideas de igualdad y universidad. No obstante, (...) las mujeres al ser consideradas seres báicamente privados, simplemente no tenían, por definición, cabida en ella. La tesis de la que partimos es que sin acceso al reconocimiento en el ámbito público no hay posibilidad de acceso a la identidad: ser, como apunta Hannah Ardent, es aparecer públicamente. El reto consiste en incluir a las mujeres como miembros de pleno derecho de la esfera pública dejando de lado los sobreentendidos que las sitúan en los márgenes de la políticaPALABRAS CLAVEESFERA PÚBLICA- FEMINISMO-IDENTIDAD-RECONOCIMIENTOABSTRACTThis paper reviews the spectrum of feminist critiques tothe Habermasian idea of the public space, because of his negligence towards gender issues. Joan Landes, iris young, Seyla Benhabib and Nancy Fraser reject it with different degrees of radicality. At the centr of this critical interest in Habermas lies the publication in English of his The structural Transformation of the public sphere, a book where the bourgeois public sphere, heir to the ideas of equality and universitality, got idealized. Women, deemed to be private individuals, did not enter the public sphere. The paper argues that without recognition in the public sphere there is no acces to having an identity: being, as claimed by Hannah Ardent, is to be public. The rest entails the inclusion of women as equal patners in the public shere, in sprite of the claims that put them in the margins of politicsKEYWORDSPUBLIC SPHERE-FEMINISM-IDENTITY-RECOGNITION. (shrink)

La intervención hace referencia al uso del lenguaje de los derechos en el debate público, centrando la atención en la connotación de imperatividad, carácter absoluto, inviolabilidad que la palabra ‘derecho’ implica. De una parte hay casos en los que todo interés es reivindicado como derecho, por otra hay casos en los que, alcontrario, derechos humanos fundamentales que no son unánimemente reconocidos, situación que afecta en particular los derechos humanos de la mujeres.

Todo Estado de Derecho moderno tiene su fundamento en ciertos principios que rigen la manera en cómo se ejerce el Poder Público, y es el modo en que efectivamente se aplican, lo que ciertamente determinará la naturaleza y característica de dicho Estado. En el caso venezolano, tales principios se encuentran expresamente plasmados en nuestra Carta Magna y son: El principio de competencia administrativa, el principio de legalidad, el principio de separación y colaboración entre los poderes y el principio (...) de responsabilidad del Estado y sus funcionarios. La intención es definir y desarrollar brevemente estos principios, a fin de poder establecer las características del Estado Venezolano, desde el punto de vista Constitucional (positivo) y desde el punto de vista real. Palabras clave: Principios constitucionales; Responsabilidad del Estado; Competencia; Legalidad; Separación de poderes. Constitutional principles concerning the exercise of public power.Every modern law-ruled State has its foundation on certain principles which govern theway Public Power is exercised. It is the manner in which those principles are in fact applied what will actually determine the nature and characteristics of such a State. In Venezuela’s case such principles are explicitly presented in our Constitution. They are: the principle of administrative competence, the principle of legality, the principle of separation and cooperation between powers and the principle of responsibility of the State and its officials. The aim is to define and briefly unfold these principles, so as to establish the characteristics of the Venezuelan State, both from the Constitutional (positive) and reality standpoints. Keywords : Constitutional Principles; State Responsibility; Competence; Legality; Separation of Powers. (shrink)

El derecho a migrar, como el derecho a la salud del migrante, se encuentran reconocidos en la Ley de Migraciones Nro. 25871/2003 de Argentina. Dicha ley constituye un avance legislativo en derechos humanos; resultado de un largo proceso constituyente, deliberativo, que dio lugar a un modelo inclusivo de migración sin precedentes internacionales en su momento. Sin embargo, recientemente asistimos a un giro en políticas migratorias (DNU 70/2017). Como consecuencia, se produce un retroceso en derechos sociales y políticos. En (...) lo que hace al derecho a la salud, la instauración de políticas neoconservadoras (Cobertura Universal de la Salud –CUS-) impulsó leyes provinciales (Ley 6119/2019) destinadas a exigir seguros pagos de salud para migrantes, contrarios a nuestra constitución. El objetivo del presente trabajo es analizar las raíces de éstos cambios en las normativas citadas sobre migraciones y salud; aplicando un marco de justicia social que nos permita comprender, críticamente, cómo la bifurcación de políticas distributivas y de reconocimiento en las mismas legislaciones habilitó el desarrollo de políticas neoconservadoras impuestas a través de decretos autoritarios; cuyas consecuencias trascienden la esfera de los migrantes, haciendo peligrar al mismo sistema de salud argentino como bien público. (shrink)

Los Tratados Constitutivos de la Europa Unida en la diversidad no contienen un catálogo de derechos fundamentales. Esto no significa que los mismos carezcan de protección en el ordenamiento jurídico de esta organización supranacional, pero ha obligado a plantear en el seno de la doctrina un rico debate sobre el llamado “déficit democrático de la Comunidad Europea”. La protección de los derechos es, en la cultura jurídico-política del occidente democrático, un elemento esencial de la legitimación del poder político, y, por (...) ello, en los comienzos del siglo XXI no se puede hablar de Unión Política y de Ciudadanía Europea obviando el tema de los Derechos Fundamentales.La vía jurídica que garantiza, de momento, la protección de los derechos en la Unión Europea sigue siendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo. Y la norma jurídica que le sirve de fundamento para sus actuaciones es el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada solemnemente en Niza el día 7 de diciembre de 2000, todavía carece de valor jurídico. Su operatividad está en manos de los poderes públicos hasta que se salve la crisis en que está inmerso el Tratado Constitucional que la incorpora en su parte II, a modo de parte dogmática de una Constitución normativa con plena eficacia jurídica. (shrink)

El derecho a la identidad se ha constituido a lo largo del tiempo en el paradigma ético, político y jurídico que sustenta el reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de quienes fueron apropiados/as durante la vigencia del Terrorismo de Estado en Argentina. En la actualidad, este derecho está consagrado con jerarquía constitucional en nuestro orden jurídico y existen organismos públicos, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que velan por (...) garantizarlo y reparar su violación en el pasado. Sin embargo, este derecho no siempre existió como tal. Su formulación actual es producto de una historia compleja en la que se entrecruzaron el activismo político de Abuelas, la intervención de profesionales e intelectuales que colaboraron con su causa y diferentes actores de las redes trasnacionales de derechos humanos y de defensa de los derechos de la niñez. A partir del relevamiento y análisis de testimonios orales y fuentes escritas de diversa procedencia, en este artículo indagaremos los orígenes históricos del derecho a la identidad y los actores involucrados en su “invención”. Examinaremos también su impacto en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y su trascendencia más allá de esta causa puntual. Este análisis nos permitirá observar cómo la “invención” de este derecho se produjo en el diálogo entre saberes globales y el activismo local de Abuelas de Plaza de Mayo y entre la especificidad históricamente situada de su causa y la expectativa universalista y transhistórica de los Derechos Humanos. (shrink)

En este trabajo proponemos examinar una doble exigencia formulada por Kant en El conflicto de las Facultades –a saber, la exigencia de libertad y la exigencia del orden–, a fin de señalar la premisa básica subyacente a dicha exigencia, esto es: la idea de que el orden público constituye la condición fundamental para la preservación del estado civil, entendido como el único estado en el que los hombres pueden ejercer plenamente su derecho innato a la libertad. Atendiendo a (...) este objetivo, examinaremos el modo en que Kant caracteriza la contienda entre las Facultades, destacando el sentido eminentemente político del conflicto, y analizaremos la función específica que asigna a cada una de las Facultades, haciendo especial énfasis en la determinación de los límites establecidos para el libre ejercicio de la razón filosófica. (shrink)

En su discurso del 10 de mayo de 1793 sobre la Constitución, Robespierre combina una concepción fiduciaria de los representantes públicos con una defensa de las virtudes de la democracia, el único sistema político en el que los gobernantes, al ser parte del pueblo, tienen los mismos intereses que este. Es esta defensa de la soberanía popular, así como de la primacía del poder legislativo, lo que constituye la esencia de su “economía política popular”, una expresión que toma de Rousseau. (...) Para Robespierre, solamente esta clase de economía es compatible con una República cuyo primer objetivo sea la garantía de los derechos naturales del hombre. In his 10th May 1793 speech on the Constitution, Robespierre combines a fiduciary conception of public representatives with a defence of the virtues of democracy, the only political system in which the rulers, being part of the people, have the same interests as the latter. It is this defence of popular sovereignty, as well as of the primacy of the legislative power, what constitutes the essence of his “popular political economy”, an expression he takes from Rousseau. For Robespierre, only this kind of economy is compatible with a Republic whose first objective is to guarantee the natural rights of man. (shrink)