Abstract

Partiendo de una controversia reciente, este artículo intenta mostrar que el sorteo de los cuerpos de evaluación científica permite clarificar el debate recurrente entre los partidarios de la elección democrática y los partidarios de la nominación directa de las instancias científicas. El sorteo garantiza a la vez la competencia y la legitimidad de los jueces, excluye el clientelismo, permite la pluralidad de corrientes y garantiza, en definitiva, la autonomía de la investigación respecto a todos los poderes.