Abstract

Se sostiene en este artículo que Chile, a pesar de haber suscrito acuerdos internacionales en Conferencias de Naciones Unidas que reconocen como sujetos de derechos a las y los jóvenes en el ámbito de la sexualidad, no difunde estos derechos ni desarrolla políticas públicas específicas para que puedan ejercerlos. Esto se debería a la existencia de poderes fácticos como la jerarquía de la Iglesia Católica que impone un discurso conservador. El artículo aborda un enfoque de derechos, según el cual el diseño e implementación de programas de educación sexual debe responder a las necesidades de las y los jóvenes