Abstract

La normativa fiscal comunitaria, y muy especialmente el IVA, está orientada al logro del principio de neutralidad respecto del tráfico empresarial, pero por la propia competencia fiscal entre el Estado y las Comunidades Autónomas e, incluso, la forma de retribución de las Oficinas Liquidadoras se está llegando a interpretaciones discutibles, con argumentos formalistas en exceso, con el fin de encontrar nuevos hechos imponibles que, además, de incumplir el régimen de incompatibilidad de los tributos de la imposición indirecta están afectando a la competitividad de nuestras empresas, encareciendo los bienes y servicios y muy especialmente el tráfico inmobiliario y el mercado del suelo, y que han afectado a la competitividad de nuestra economía de una manera estructural