Abstract

Por razones de eficacia (cohesión social, comunidad cívica) y, unidas a ellas, por razones éticas (valores de libertad, igualdad y solidaridad) la propuesta normativa de nuestro tiempo debe ser la universalización de la democracia. No hay futuro para nadie si no se avanza en ella, en la universalización de los derechos humanos, en su protección y realización efectiva en esa escala. Frente a los hechos que impone hoy el neoliberalismo conservador y la muy desigual globalización realmente existente, deben prevalecer los derechos que derivan de la filosofía ética, política y jurídica de la democracia. Su expresión institucional -se estima aquí- es aquella que se concreta en la fórmula o paradigma del Estado social y democrático de Derecho: es decir, un Estado de importante intervención cualitativa; una sociedad civil más y mejor vertebrada, de trama más ajustada, más inclusiva de los nuevos movimientos sociales (feministas, ecologistas, antixenófobos, etc.); un sistema económico mixto, con sector público estatal y social donde el mercado y el sector privado encuentren coherente articulación; todo ello para la protección y realización de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como los nuevos derechos fundamentales de las minorías, los derivados de las diferencias personales y sociales (étnicas, sexuales...), del medio ambiente, etc. En definitiva la razón de ser del Estado de Derecho es la protección y realización efectiva de los derechos humanos. La universalización de éstos y de la democracia exige, pues, la universalización del Estado social y democrático de Derecho