Abstract

El mandato de proporcionalidad se ha convertido desde hace algunos años en un examen de aplicación frecuente por tribunales nacionales o internacionales para la determinación de violaciones a los derechos. Se ha llegado a sostener que la "proporcionalidad es un criterio universal de constitucionalidad". Sin suponer semejante alcance de aplicación de este examen, el presente trabajo explora las debilidades y fortalezas de su aplicación por un tribunal constitucional en el marco de una práctica constitucional relativamente estable. Se reconstruye un conjunto abultado de reglas que pretenden delimitar el resultado del examen de proporcionalidad (como mandato de prohibición por acción excesiva y como mandato de prohibición por omisión o acción insuficiente). De esta forma se demuestra que un modelo de proporcionalidad orientado por reglas se aleja del criticado modelo de ponderaciones ad hoc en donde el tribunal adquiere un amplio margen de discrecionalidad para resolver el conflicto entre derechos. Se advierte, sin embargo, que el modelo de proporcionalidad orientado por reglas requiere de una dogmática de los derechos fundamentales crítica y de tribunales superiores que se interpreten como parte de una comunidad argumentativa abierta al debate público, de lo contrario este examen puede ser utilizado como una herramienta para justificar un status quo desigualitario.