Abstract

El artículo revisa las aportaciones más trascendentes que Jordi Ferrer ha hecho a la tradición racionalista de la prueba jurídica y evalúa críticamente el limitado papel que, desde su óptica, le corresponde desempeñar a la epistemología en la discusión general sobre los estándares de prueba apropiados para las distintas ramas del derecho. Más específicamente, se analiza la irrelevancia que Ferrer parece atribuir a dicha disciplina –o el silencio que debe guardar–, respecto del establecimiento del estándar de prueba deseable en materia penal. Se concede que, en efecto, le corresponde al pueblo tomar la decisión de qué estándar implementar. No obstante, se sostiene, ello no impide que la epistemología incida en el proceso de formación de dicha decisión mediante la realización de observaciones, el ofrecimiento de argumentos y la propuesta de metodologías adecuadas, con miras a que aquella se tome en un contexto mejor informado y sea lo más racional posible. Se ilustra esta posición haciendo referencia al proyecto de epistemología jurídica de Larry Laudan.